Casi un tercio de los municipios de la provincia de València se encuentran en exclusión financiera. Dicho de otro modo, 76 de las 266 poblaciones de la demarcación no tienen oficina bancaria. La concentración provocada por la crisis, la desaparición de una parte sustancial del sistema financiero valenciano en la última década y la necesidad perentoria de las entidades supervivientes de ser eficientes explican el repliegue de muchos bancos, que han cerrado las oficinas menos rentables, muchas de ellas ubicadas en localidades rurales del interior con escasa población y, por tanto, clientela. Una de las consecuencias ha sido dejar a una parte de los valencianos sin servicios financieros.
En este contexto, varios ayuntamientos se dirigieron al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para que tratara de buscar una alternativa, en especial después de que iniciativas como los ofibús que pusieron en marcha algunas entidades financieras no acabaran de satisfacer ni a los bancos ni a los clientes de las poblaciones que recorrían determinados días del mes para prestar el servicio.
Alicante y Castelló
Así las cosas, según explicó ayer a este diario el subdirector de entidades financieras del IVF, Antonio Tamarit, el banco público valenciano optó por dirigirse a las diputaciones provinciales con el propósito de orquestar una solución conjunta, que consiste en instalar cajeros automáticos. Al menos de momento, solo la de València ha respondido al envite, aunque el IVF confía en que las de Alicante y Castelló se sumen más adelante, cuando el proyecto sea una realidad.
La idea inicial es convocar a finales de este año un concurso al que puedan presentarse todas las entidades financieras interesadas con implantación en la Comunitat Valenciana para convertirse en adjudicatarias de este servicio. El banco o caja rural pondrá el cajero y se encargará de tenerlo abastecido de dinero y de su mantenimiento. Por este servicio, la Diputación de València le pagará un alquiler mediante la fórmula del renting. Al cabo de cuatro años, la institución pública tendrá derecho a adquirir el cajero.
Está previsto incluir en el concurso un mérito para la adjudicación, consistente en que la entidad prestataria del servicio desplace a una persona al municipio con cajero durante dos horas a la semana para que atienda in situ a los habitantes de esa localidad.
Ayuntamiento
La adjudicación se hará en bloque. Tamarit aseguró que el número definitivo de municipios beneficiados dependerá de la disposición económica de la Diputación de València, aunque en estos momentos se baraja que sea una quincena. Como un cajero automático requiere de cierta seguridad, la idea es que estas máquinas se ubiquen en la sede del ayuntamiento de cada localidad.
El Instituto Valenciano de Finanzas, que ejerce una misión de asesoramiento y de preparación de la documentación, espera que los primeros cajeros se puedan instalar a principios del año que viene. Aunque en las conversaciones preliminares con las entidades financieras de la zona el IVF no ha percibido un especial «entusiasmo» entre ellas, el banco público valenciano entiende que los cajeros deben entenderse como una medida transitoria, a la espera de que se produzca la total universalización de la banca digital, que es el gran objetivo de los bancos y que, en opinión de Tamarit, es «un proceso imparable».