El Tribunal Supremo ha fallado que el impuesto de transmisión de viviendas se debe ajustar al precio real del mercado. El alto tribunal ha cerrado definitivamente la puerta a que el cálculo de la tasa de la plusvalía se realice mediante una estimación consistente en multiplicar el valor catastral por un coeficiente y obliga a la Conselleria de Hacienda a cambiar de sistema que está utilizando desde hace un año.
El problema del sistema es que tras el desplome del mercado inmobiliario los precios no se correspondían con los impuestos de transmisión de viviendas que se tenían que pagar a los ayuntamientos. El sistema de cálculo ha ido variando en los últimos años. El anterior Consell del PP introdujo el cálculo mediante la multiplicación del valor catastral por un coeficiente. Más de 18.000 familias recurrieron y tras múltiples sentencias a su favor del Tribunal Superior de Justicia, la Generalitat ajustó en septiembre de 2017 el impuesto de transmisión de las viviendas al precio real de mercado, aunque recurrió al Supremo porque en otras partes de España se aplicaba un criterio diferente.
En abril del año pasado, el Tribunal Supremo dio la razón a la Conselleria de Hacienda en un fallo con un criterio opuesto al de ahora. En ese momento, el Consell (por recomendación de la Abogacía de la Generalitat) decidió recuperar los coeficientes para valorar las viviendas. En el último año, 4.700 valencianos han pagado el impuesto con el sistema de valoración que acaban de tumbar definitivamente los jueces.
El alto tribunal se ha pronunciado ahora sobre una serie de casos de Castilla La Mancha, pero ha sentado jurisprudencia y su decisión es de aplicación para toda España.
Contradicción
Fuentes de la Conselleria insistieron en que el criterio del Supremo «es contradictorio» con el del año pasado, pero asumen las consecuencias legales. De momento, la Generalitat Valenciana va a buscar un sistema alternativo para determinar el valor de los inmuebles como el dictamen de peritos o las visitas en caso de discrepancia con los contribuyentes.
La Generalitat Valenciana ha pagado 16 millones de euros en costas por reclamaciones de contribuyentes desde 2005. Cada reclamación supone de media unas costas de 1.500 euros y el Consell pide que se clarifique de una vez un criterio único para toda España.
