La estructura de producción diversa aunque dominada por los cultivos de frutas y hortalizas, así como una estructura de la propiedad de pequeñas explotaciones (minifundios ) tan características de la agricultura valenciana, ha jugado una mala pasada a la inmensa mayoría de los productores durante este último período 2014-2020 de la Política Agraria Común (PAC). Los beneficiarios de ayudas directas de Bruselas en la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2018 se han reducido finalmente a 53.540 perceptores, lo que supone algo un 41% menos que en el primer año de la reforma de la PAC; es decir 2014, según constata el informe realizado por el Ministerio de Agricultura.
Cuatro de cada diez agricultores valencianos se han visto excluidos de estos fondos que reparte la Comisión Europea y que en la media de España representan un tercio de las rentas que logra el sector primario. Sin embargo, en la Comunitat Valenciana la UE tan solo aporta el 10 % de los ingresos globales del campo; mientras que en otras autonomías como Extremadura supone el 39%. En la media de la Unión Europea esas ayudas representan un 25 %.
Superficie de cultivo
La razón que explica la merma de subvenciones de Bruselas a la Comunitat Valenciana tiene que ver con los criterios de reparto del otrora llamado pago único. Concretamente estableció, basándose en la superficie de cultivo de los solicitantes, una cantidad mínima en la cuantía de la ayuda para poder acceder a la misma y que fue pasando de manera gradual y durante los últimos tres años de 100, a 200 y 300 euros fijados como límite definitivo en 2017. Las ayudas medias que se pagan en la autonomía rondan los 1.200 euros por expediente.
Así las cosas, desde el año pasado ya no pueden tramitarse ayudas por un valor inferior a los 300 euros, lo cual supone que unos 40.000 posibles beneficiarios valencianos se han ido quedando definitivamente marginados de este tipo de apoyo público.
La Conselleria de Agricultura amplió el plazo -ya superado- para solicitar las ayudas incluidas en la solicitud única dentro del marco de la Política Agrícola Común para el año 2018, por un importe máximo de 120 millones de euros.
Esta cantidad comprende el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), en torno a 100 millones para pagos orientados a mantenimiento de rentas, y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), 20 millones de euros, correspondientes a las ayudas a agroambiente y clima, agricultura ecológica, ayudas a zonas de montaña y zonas con limitaciones naturales.
La administración autonómica preveía que concurrieran a la convocatoria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) unos 60.000 solicitantes. Este es el cuarto año de aplicación de la nueva PAC, y la «experiencia acumulada desde la convocatoria 2015 deberá dar frutos con una mejor servicio de atención al público», asegura la conselleria después de varios ejercicios de notables retrasos en los pagos a los agricultores valencianos.
Agricultura ecológica
En la convocatoria de la edición de 2018 se añadieron solicitantes de «Ayudas para cambio a prácticas y métodos de agricultura ecológica» (también llamadas para conversión), así como para la mejora de la dotación presupuestaria de los llamados «Pagos de compensación en otras áreas que afrontan limitaciones naturales».
La autonomía más beneficiada las subvenciones de la UE es Andalucía (con una estructura agraria dominada por las frutas y hortalizas aunque con explotaciones de mayor tamaño que la Comunitat Valenciana), donde este año se han solicitado 235.836 expedientes para un total de casi 4,3 millones de hectáreas de superficie de cultivos. La segunda región que más fondos comunitarios recibe es Castilla-La Mancha (sobre todo por los cereales), con 118.518 solicitudes y 4,5 millones de hectáreas de superficie.
