La reactivación del plan eólico era uno de los grandes objetivos enunciados por la Conselleria de Economía al principio de esta legislatura. También aparece entre los pilares del cambio de modelo productivo que pregona la Generalitat hacia prácticas más sostenibles.
Pasados casi cuatro años, la administración sigue enredada en el maremágnum jurídico y administrativo heredado del plan original diseñado por el PP en 2001, que desde entonces ha creado una barrera de entrada que impide desarrollar proyectos a cualquier operador interesado.
Tras tres años tratando de revertir las zonas donde los adjudicatarios iniciales no han desarrollado los parques previstos, la Conselleria de Economía pretende ahora revisar todo el plan.
En una reciente entrevista con Levante-EMV, el conseller de Economía, Rafa Climent, entonaba el mea culpa por un fallo de planteamiento a la hora de abordar la reactivación del plan eólico. «Yo personalmente quería derogar el plan», señala el conseller. Sin embargo, la Abogacía de la Generalitat ha desautorizado esta vía. Entre 2001 y 2008, la Generalitat adjudicó a varias empresas el desarrollo de parques de aerogeneradores, y eso genera unos derechos que pueden tener repercusiones en forma de exigencia de indemnizaciones.
En este contexto, la propuesta de reformulación del plan, que fue vista por el pleno del Consell este verano, contempla una revisión. En estos momentos, la Dirección General de Energía trabaja para sacar a concurso antes de fin de año el contrato para la revisión del actual plan eólico y poder desarrollarlo la próxima legislatura, según explica el propio conseller.
¿En qué consistirá esa revisión? Básicamente, en establecer de nuevo las condiciones territoriales, paisajísticas, orográficas y técnicas que regirán la implantación de instalaciones. Se trata de redefinir las características del territorio adecuadas para su implantación, después de un primer plan en que algunas áreas quedaron asignadas para acoger proyectos sin ni siquiera tener garantizar el recurso eólico. Algunas zonas se redelimitarán y otras se ampliarán. Posiblemente habrá algunas áreas que se anularan. Todo el proceso se va a dilatar de modo que no será hasta la próxima legislatura cuando la autonomía pueda desarrollar toda la potencia que reclama el sector.
La Comunitat Valenciana, que de por sí cuenta con un recurso eólico medio (muy por debajo por ejemplo de su capacidad solar), solo tiene en funcionamiento la mitad de los casi 2.700 MW de potencia adjudicados a operadores en los concurso de 2001 y 2008, con los gobiernos del PP. En Alicante, por poner un caso, no se ha desarrollado ni un solo parque.
Con todo, desde la conselleria defienden que en la práctica el negocio eólico ya se ha reactivado. Durante esta legislatura se ha revertido alguna zona, como la 4, correspondiente a el norte de Castelló, principalmente en el Alt Maestrat.
La empresa adjudicataria ha renunciado a pleitear con el Consell y ha aceptado la revocación de la zona. En este caso, ya se elimina la barrera de entrada del concurso y se negocia directamente con las empresas interesadas. De hecho, ya se han presentado algunos proyectos y se espera que pronto nuevos operadores puedan entrar a desarrollar iniciativas eólicas, apuntan desde la conselleria.
Falta de personal
Otra zona de Castelló también se encuentra en proceso de reversión y en Cofrentes, en el interior de València, el adjudicatario presentó el pasado año un nuevo proyecto en esa área, con lo que se espera que pronto empiece la construcción.
El empeño, insisten desde la administración, es facilitar a las empresas una tramitación más ágil. En este sentido, la infradotación de personal en la Dirección general de Energía es uno de los lamentos habituales. En los últimos meses la conselleria ha tenido que recurrir a encomiendas de gestión para que Ivace asuma parte del trabajo de esta dirección.
Para 2019, la intención en crear nuevas plazas para desatascar el plan eólico. Para ello se ha incrementado un 61% el capítulo de gasto de personal en la Dirección General, con una dotación 1,29 millones superior que permitirá aliviar las carencias de funcionarios.
