El Gobierno quiere modificar la reforma laboral, pero no derogarla. «El momento de las reformas es ahora». Así se contundente se expresaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al anunciar el pasado lunes por la noche en una jornada organizada por el diario Expansión, que «en las próximas semanas» el Ejecutivo presentará un ambicioso programa económico que se iniciará con un vuelco a la legislación del mercado laboral. Sánchez abogó por recuperar la jubilación forzosa por edad, establecer un registro obligatorio de los horarios de trabajo para evitar abusos, limitar a tres los tipos de contratos laborales (indefinido, temporal y de formación) y restringir las bonificaciones y reducciones a la contratación.
El anuncio de Sánchez define cambios sustanciales respecto a la reforma que aprobó vía Decreto-ley el Gobierno del PP a principios de 2012. ¿Servirá para generar empleo, reducir la temporalidad y mejorar el marco de negociación entre las organizaciones empresariales y los sindicatos?
Conocer los costes del despido
Pendiente de la «letra pequeña», según el investigador del IVIE y catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universitat de València Lorenzo Serrano «lo importante no es reducir los tipos de contratos, que es cierto que hay demasiados y existe demasiada temporalidad, sino modificar sus características para que sean más atractivos. Y saber si se van a modificarse o no los costes por despido», apunta. En su opinión, la propuesta de jubilación forzosa por edad es ir «contracorriente» y un tanto «miope» porque aumenta la esperanza de vida y hay que solucionar el tema de las pensiones y su sostenibilidad. En ese sentido, Serrano considera más beneficioso incentivar el retraso de la edad de jubilación de los trabajadores. «España es un país envejecido y eso es un problema», destaca el investigador del IVIE. Respecto a las subvenciones a los contratos Serrano piensa que sería más útil dedicar esos recursos a contar con otras políticas activas de empleo ofreciendo cursos de formación adecuados a los parados, o mejorar el papel de intermediación de los servicios públicos de ocupación.
Quien no lamenta alguna de las medidas anunciadas por Sánchez es la patronal CEOE. El departamento de Relaciones Laborales de la organización que Joan Rosell, rechaza de plano implantar un registro horario por ley «porque se trata de una medida que debe ser acordada en el marco de la negociación colectiva en cada sector o empresa, en función de sus necesidades».
Para los dirigentes empresariales la medida sobre la jubilación forzosa fue planteada por los interlocutores sociales, tras pactarla en el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que cerraron el pasado mes de julio, y probablemente sea «uno de los pocos asuntos en los que estamos de acuerdo con los sindicatos». Además, la patronal, más que ayudas para la contratación de determinados colectivos de trabajadores, lo que pide son rebajas en las cotizaciones a la Seguridad Social.
Para el secretario de Acción Sindical de CC OO-PV, Daniel Patiño, el registro horario de los trabajadores es una reivindicación histórica «que evitará abusos». En ese sentido, recuerda que habrá que estar muy atentos a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE , que acaba de celebrar la vista oral tras el recurso de las centrales mayoritarias UGT y Comisiones, sobre la obligación de las empresas de llevar un registro de la jornada y donde se refleje el número de horas de trabajo efectivo realizadas tanto ordinarias como extraordinarias. El Supremo resolvió (por los casos de Bankia y Abanca) que únicamente se exige registrar las horas extraordinarias, cuando se realicen.
«Con la jubilación forzosa estamos de acuerdo -indica Patiño- porque contribuirá a reducir el desempleo juvenil, cuyas tasas de paro superan el 25 % de la población». El dirigente sindical también sostiene que reducir la modalidad de contratos a sólo tres es positivo. «La temporalidad debe responder a un motivo y no debe ser lo habitual. Somos el segundo país de la UE con más temporalidad y el el 95 % caen en fraude de ley», lamenta Patiño.
