19 de septiembre de 2019
19.09.2019
Operación

El proveedor de patatas de Mercadona compra el palacete de los panaderos en València

La firma Patatas LZR adquiere el inmueble que la federación provincial tiene en la calle Caballeros por 4,2 millones - La entidad Fegreppa estaba en una situación de extrema necesidad tras endeudarse hace 15 años para mudarse a esta sede emblemática

18.09.2019 | 21:11
Edificio de la federación provincial de panaderos (Fegreppa), en el centro histórico.

La Federación de panadería y pastelería de la provincia de Valencia (Fegreppa) acaba de cerrar una operación inmobiliaria que le permite afrontar su futuro con cierto desahogo, tras unos años en los que su supervivencia parecía en el aire.

La entidad que agrupa a las asociaciones de panaderos de la provincia (no confundir con el histórico Gremi de Forners de la ciudad de València) ha vendido por 4,2 millones su sede en la calle Caballeros de València, un edificio histórico en la calle noble de la capital a escasos metros del Palau de la Generalitat.

El comprador, según confirman a este diario fuentes del sector inmobiliario, es la empresa Patatas LZR. Esta compañía valenciana es uno de los mayores productores de su ramo y proveedora de patatas de la cadena de supermercados Mercadona.

Lázaro es un grupo empresarial familiar en plena expansión, como demuestran movimientos recientes como la compra, a través de otra mercantil vinculada, de 16.000 metros cuadrados de suelo en Parc Sagunt, el área industrial en el que Mercadona ha adquirido una cantidad importante de suelo y a la que ha atraído a algunos de sus proveedores para crear un gran polo logístico.

La compañía tiene una capacidad de producción en sus plantas -Puçol, El Puig, Las Palmas de Gran Canaria- de 400.000 toneladas al año, y cerró 2017 con unas ventas de 26 millones. Ahora acaba de adquirir un edificio noble en pleno centro histórico de la capital, aunque no ha trascendido qué destino se le dará.

Esta propiedad, que da a las calles Landerer y Caballeros, hacía de sede de los panaderos y de centro de formación para sus asociados. Tiene unos 2.500 metros cuadrados, tres alturas y una configuración tras la rehabilitación que lo hacen más propicio para hacer las veces de sede corporativa que para uso hotelero, por ejemplo.

Fegreppa adquirió su titularidad a principios del siglo XXI. Hasta entonces, esta entidad provincial tenía su base en el edificio del Gremi de Forners de València, en la calle Gobernador Viejo. La desconfianza entre las directivas de ambas entidades provocó la ruptura, y la entidad provincial decidió mudarse.

Fegreppa protagonizó una operación inmobiliaria por todo lo alto. La compra del antiguo palacete y su rehabilitó se cifró entonces en 3,8 millones. Eran los años dorados y el Consell del PP de Francisco Camps regó a la entidad con cientos de miles de euros vía presupuestos de la Generalitat para financiar la sede. Más de un millón recibiría en varias anualidades. Un domingo de mayo de 2004 se inauguraba el edificio con pompa, con la presencia de todo el poder político del momento, e incluso la del arzobispo García Gasco.

La caja pública CAM había prestado el dinero y la Sociedad de Garantía Recíproca dio su aval. Desde hace unos años, sin embargo, Fegreppa dejó de poder hacer frente a los pagos, lo que no ha impedido que continuara en su sede y desarrollando su actividad.

Gracias a esta operación, tanto Sabadell (que se quedó con la deuda de la CAM), como el fondo que compró este y otros fallidos a la SGR podrán recuperar una cantidad cercana al millón de euros, cada uno, según la información a la que ha tenido acceso este diario.

Durante años la operación ha estado atascada, y eso que no ha faltado interés en el mercado por este inmueble, desde el empresario Paco Roig a una rama de la familia Nebot, ligada al sector inmobiliario terciario, concretamente al alquiler de oficinas.

El problema era que la entidad, al haber recibido ayudas públicas para financiar la operación, está obligada a devolver el importe a la Generalitat. Este tipo de convenios obliga a los beneficiarios a conservar durante 20 años el uso del inmueble adquirido, y ese plazo no expira al menos hasta 2022. Habrá que ver si la Conselleria de Economía decide ahora reclamar la devolución de los fondos.

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