La compañía Aumar, filial de Abertis y concesionaria de los tramos de la AP-7 (Tarragona-Alicante) y AP-4 (Sevilla-Cádiz), comunicó ayer a sus trabajadores un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 140 trabajadores como respuesta al fin de las concesiones de las autopistas de peaje a partir del 1 de enero de 2020. Los sindicatos de la compañía con sede social en València, según fuentes de UGT y Comisiones Obreras, quieren negociar las subrogaciones de empleados afectados por los despidos -que atienden los puestos de peaje y las oficinas- después de que el Gobierno haya garantizado los puestos de trabajo en labores de mantenimiento.

La compañía controlada por el Grupo Abertis ha solicitado a los representantes de los trabajadores que elijan a las personas que integrarán la comisión negociadora del ERE. El Ministerio de Fomento también ha asegurado que tiene previsto anunciar una oferta pública para poder adjudicar las tareas de mantenimiento de los citados tramos de la AP-7 y de la AP-4 a una empresa externa.

Afectados

Según el ERE comunicado ayer por Aumar, en la AP-4 el ajuste afectará a 25 empleados, el 45,5% del total de 55 trabajadores con que cuenta la autopista, de 93,8 kilómetros de longitud. Y en el caso de la AP-7, entre Tarragona y Alicante, el expediente de extinción de contratos incluye a 115 trabajadores, el 47 % del total de 245 empleados de la vía, de 373 kilómetros de longitud sumando sus dos tramos.

Aumar sigue así la estela de la AP-1 entre Burgos-Armiñón. Esta autovía se convirtió en la primera vía de pago construida en España que ponía fin a su concesión, que tuvo lugar el pasado 1 de diciembre del año pasado.