10 de febrero de 2020
10.02.2020

Todos queremos gasolineras accesibles

10.02.2020 | 04:15
Todos queremos gasolineras accesibles

Hace una semana anunciamos que ampliaríamos la denuncia a la C. Valenciana ante la Comisión Europea. La causa es una ley partidista y arbitraria que se aprobó el pasado mes de diciembre in extremis y casi a hurtadillas.

Todo empezó en 2016, cuando la Generalitat aprobó una ley en la que se obligaba a las gasolineras automáticas a tener personal. No justificaron ni motivaron la norma. Querían limitar el negocio de las gasolineras automáticas. Ante esta situación, tuvimos que acudir a las autoridades europeas, que mostraron su preocupación. A los pocos meses, un responsable tuvo que dar explicaciones e intentó justificar las limitaciones impuestas sin éxito. El organismo europeo anunció que, si la ley no se derogaba, podría costar a las arcas valencianas más de medio millón de euros. Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell, lo justificó como «una disposición obligatoria» de la UE y que costaría «muchísimo dinero» incumplir. Pero ahora parece que estas excusas no son suficientes ni para el Botànic ni para el Consell. No importa pagar más con tal de que se beneficien unos pocos.

Esta ley es como si a los zurdos se les obliga caminar por la izquierda en las vías públicas. Es lo mismo que se intenta hacer con las gasolineras automáticas. En la ley alegan que las gasolineras accesibles podrán operar sin personal, pero las que no lo sean estarán obligados a contar con, al menos, una persona. ¿Quién va a decir cuál es accesible y cuál no? Un comité arbitrario y partidista que buscará, por encima de todo, cerrar nuestras estaciones. Esto me recuerda a los tribunales de la inquisición en los que los reos eran condenados de antemano sin una defensa apropiada.

El problema de la accesibilidad no solo incumbe a las gasolineras automáticas, sino a todo el sector. Hay muchas instalaciones de hace 30 años y no cuentan con las medidas de seguridad necesarias ni con los medios para garantizar la accesibilidad. El problema son las barreras arquitectónicas, que por mucho personal que haya no se pueden salvar. Pedimos una ley que se aplique a todo el sector y no solo a nosotros. Creemos que el problema de la accesibilidad se solucionaría abordando este tema desde el diálogo y la cooperación, ya que enfrentando no se llega a ninguna parte.

Nosotros siempre hemos defendido la accesibilidad universal en cualquier servicio. Y nuestros socios están muy concienciados con este tema. De hecho, ya hay muchas estaciones adaptadas para personas con movilidad reducida. El beneficio de nuestras estaciones repercute directamente en los 9.000 nuevos desempleados en la Comunitat que, desgraciadamente, hemos conocido en enero. Con nuestro modelo, ayudamos a que estas familias puedan ahorrar de media entre 280 a 320 euros anuales y gasten únicamente lo que sea necesario. Si no existiéramos, los precios subirían y la inflación se dispararía repercutiendo de manera directa y negativa en los valencianos.

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