La resolución del Alto Tribunal, que da la razón a un recurso de la Fiscalía Especializada de Seguridad Vial, determina por primera vez que la alteración de los datos de movimiento en autobuses y camiones con el objetivo de esquivar los controles tiene que ser castigada como una falsificación.
Vargas puntualizó que el conductor no será el único responsable de la infracción sino que además se perseguirá al resto de posibles «cooperadores necesarios», como directivos o encargados de la empresa de transporte, del contratista o de los talleres.
En el caso de contar con antecedentes en este tipo de práctica, el delito será continuado, con penas que alcanzan los tres años y nueve meses de cárcel, mientras que los accidentes con víctimas mortales responderán a una imprudencia grave, castigada con hasta nueve años según el número de fallecidos.
«Hay casos de inducción en cadena por la presión que se proyecta sobre el conductor para que llegue lo antes posible a su destino», denunció el fiscal, que con esta medida ha dicho querer acabar con las «ganancias trágicas» que conllevan el asumir riesgos como la falta de descanso por una conducción prolongada.
Para Vargas la manipulación de los tacógrafos vulnera las reglas de la competencia y los derechos laborales de los conductores, puestos contra la pared por la precariedad económica y con unas condiciones que ponen en peligro su integridad física.
