El impacto económico derivado de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus alcanza cifras considerables en las cuentas del Estado. La nómina de las prestaciones sociales por desempleo en la Comunitat Valenciana, incluidos los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), asciende a 293 millones de euros mensuales, una cantidad que es un 11 % superior a la desembolsada por el Servicio Estatal Público de Empleo (Sepe) antes de la aparición de la covid-19; es decir, en marzo. Este desembolso eleva ya por encima de los 2.500 millones de euros el gasto del Estado en prestaciones sociales entre los meses de abril y octubre.

Con todo, la cifra podría ser mayor, si bien tras la recuperación de la actividad económica a lo largo del verano alrededor de un 60 % de los trabajadores afectados por un ERTE han salido ya del expediente, según la Conselleria de Economía. Ello supone que 278.297 trabajadores abandonan esa situación de los casi 470.000 que se incluyen en los cerca de 68.800 procedimientos presentados desde el 12 de marzo. La mayoría de ellos son de empresas del sector servicios, seguidos por la industria. La autoridad laboral ha resuelto el 95,7% de los ERTE solicitados.

A la vista de los datos, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) lamenta el retraso detectado en algunos casos en el cobro de esas prestaciones. «El elevado número de expedientes para tramitar las ayudas de los ERTE y la falta de personal para gestionar la sobrecarga de trabajo producen un bloqueo en la administración que agrava la situación de los trabajadores afectados y de sus familias», destaca la patronal.

Comisiones Obreras defiende la opción de los ERTE ante la crisis porque el sistema productivo no genera suficiente empleo para absorber la demanda existente. El secretario general de CC OO-PV, Arturo León, valora las medidas «sin precedentes» para proteger a las personas afectadas por ERTE y para quienes no disponen de ninguna prestación contributiva y asistencial; también para personas autónomas y empresas. León sostiene que la dimensión de esta crisis hace «insuficientes» los esfuerzos por proteger a las personas» y reivindica que desde los poderes públicos «no se deje a nadie atrás».

Para la secretaria de Acción Sindical de UGT-PV, Lola Ruiz, la cobertura social resulta «insuficiente» porque sólo alcanza al 61 % de los parados. «Todas las personas afectadas por ERTE por causas de ‘fuerza mayor’ están cobrando, aunque en ocasiones con retraso. Respecto a la crisis financiera de 2008 hemos avanzado pero la situación es más agónica», agrega.