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València y la batalla por la fábrica de baterías

La planta que promueve el Consell es anterior a las peticiones catalana, gallega o aragonesa

David Salvo, CEO de Power Electronics, durante la reciente presentación del proyecto. | LEVANTE-EMV

Fue anunciar el Gobierno el pasado jueves que impulsará, con fondos europeos, la construcción de una fábrica de baterías para coches eléctricos en la localidad barcelonesa de Martorell, junto a la planta de Seat, y empezar a salir en cascada diferentes ejecutivos autonómicos poniendo el grito en el cielo. Galicia y Aragón son dos de las comunidades que han alzado la voz y han pedido al gabinete de Pedro Sánchez que rectifique y permita competir a otros territorios, no en vano son diez las regiones con plantas automovilísticas que hay en España. Extremadura, con minas de litio básicas para las baterías, también la quiere.

Mientras tanto, la Comunitat Valenciana se ha posicionado en un perfil bajo y traslada su confianza en que su proyecto tiene futuro. De hecho, el pasado viernes, tras conocerse el anuncio sobre Martorell, ni los dirigentes patronales y camerales ni los empresarios del sector se salieron del guión, que tal vez hubiera sido lo previsible. La UE prevé poner en marcha en su territorio diez plantas de baterías para coches eléctricos financiadas con sus propios fondos. En vista de que España es el segundo máximo productor de coches y que los vehículos eléctricos han llegado para sacar de la carretera a los de combustión, el país parece un candidato seguro a una de esas fábricas, pero solo a una, con lo que el anuncio del Gobierno debía implicar el fin de la aventura valenciana.

Y es posible que sea así, como admiten en la propia Generalitat. Sin embargo, las fuentes consultadas en la Administración autonómica creen que todavía queda partido por jugar y que la Comunitat Valenciana cuenta con un buen equipo para plantar cara en esta batalla. La clave del asunto es la esperanza de que España albergue finalmente más de una de estas fábricas, en cuyo caso el proyecto valenciano, liderado por Power Electronics, impulsado por la Generalitat y con Iberdrola como aliada, tendría serias opciones.

Expectativas

Según como se mire, las expectativas pueden responder al cuento de la lechera, especialmente si tenemos en cuenta que en el proyecto de Martorell está implicada Seat y su matriz Volkswagen, mientras que la valenciana carece de momento del apoyo económico de Ford, cuya planta de Almussfes debería ser uno de sus principales clientes. Y no es el caso, de momento. Sin embargo, en el Consell han depositado sus esperanzas en la potencia de Power, que ya ha realizado una labor comercial importante para garantizarse clientes y ahora está en busca de socios capitalistas, no en vano la inversión ronda los 2.000 millones.

El Consell confía en que pese al apoyo a la planta de Martorell, el Gobierno central acabará dando su respaldo a más de una fábrica de baterías y que en su momento liberará una parte de los fondos europeos que reciba para este cometido a ese segundo proyecto, al igual que una planta para la extracción de litio en Extremadura. Esa convicción parte de la idea de que el mercado del automóvil en España requerirá más de un planta en vista de la gran cantidad de fábricas de automóviles. Consideran que la de Martorell se dedicará fundamentalmente a la planta de Seat.

Las citadas fuentes explican que el proyecto valenciano ya fue incorporado al programa electoral socialista en las autonómicas de 2019. Por tanto, son casi dos años de desarrollo del mismo. Eso, creen, les daría una ventaja en el supuesto de que finalmente se construyesen dos plantas, porque autonomías que ahora piden albergar ese equipamiento solo pueden ofrecer suelo y fábricas cerca, pero no un proyecto industrial avanzado.

Es una circunstancia que, según apuntaron a este diario, se constatará en breve. En un mes de abre el registro para presentar iniciativas y antes de junio se deberán haber presentado los proyectos oficiales. La Comunitat Valenciana presentará el suyo -también Martorell y un tercero abaderado por un consorcio vasco-catalán- y entonces será el Ejecutivo central el que tenga que tomar una decisión definitiva sobre a cuál o cuáles financia.

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