La decisión del Ministerio de Transportes de dar vía libre a la Autoridad Portuaria de València para llevar a cabo ya la ampliación del puerto o elaborar un nuevo informe de impacto ambiental precio ha sido recibido con diferencias de matiz por los partidos en el gobierno municipal. No se trata, como en otras ocasiones, al menos de momento, de unas divergencias agresivas, sino de diferencias evidentes en el análisis que sólo con el tiempo se verá si desembocan en desencuentro. Compromís sigue mostrándose totalmente en contra -aunque la decisión desvanece la opción de que no se materialice la nueva terminal de contenedores- y el PSPV habla ya de qué se va a hacer para evitar el impacto ambiental y qué contraprestaciones va a recibir la ciudad.

El alcalde Joan Ribó fue especialmente duro al cargar las tintas contra el Gobierno, del que dijo que «se ha lavado las manos, como Poncio Pilatos» al dejar en el puerto la potestad de hacer o no una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o acometer las obras.

Ribó lo ha dejado muy claro: su postura es de «clara oposición. Conmigo que no cuenten». Apelaba la máxima autoridad municipal a que las obras suponen «millones de metros cúbicos de materiales que habrá que meter en la ampliación. ¿Estamos ante un nuevo ataque al litoral de València, ahora por parte de quienes tenían la obligación de protegerlo? ¿De donde vendrán esos materiales?». Aparte de apuntar a «cómo se piensa compaginar este crecimiento de movilidad con el proyecto de ley de cambio climático que acaba de aprobarse en el congreso». Además de recordar que se acomete la obra «sin resolver la complejidad de la movilidad», apostando por el transporte ferroviario. «Pero mientras se aprueba la ampliación del puerto, no se soluciona el Corredor Mediterráneo».

La vicealcaldesa Sandra Gómez aportó un discurso que hable más de los hechos. A cualquier obra que se haga hay que exigirle que tenga un impacto ambiental nulo y que conlleve compensaciones para la ciudad. Sobre todo, para la zona afectada».

Pagar el parque de Nazaret

En ese sentido apuntó a que «en este contexto, es el puerto quien debería pagar toda la reurbanización del parque de desembocadura, que es devolver a esos barrios una parte de lo que perdieron en su momento». Como la playa de Nazaret. Precisamente en ese sentido recordó que «es innegable que, con las ampliaciones del puerto, las playas del sur están objetivamente afectadas. Donde debemos centrarnos es en que haya un plan serio, riguroso y ambicioso que combata la regresión de los arenales y dejarnos ya de parches». También recordó que «casi no se ha hablado de que «ya se han adoptado medidas, como la reducción del calado de 22 a 18 metros, para reducir el impacto ambiental, o que el Puerto está comprometido en sufragar la ampliación de la L10».

La consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà aseguró que «pedirá y estudiará» el informe de Puertos del Estado y recordó que «está en juego el modelo de ciudad y el bienestar social y ambiental».

Tampoco está de acuerdo en nada Intersindical Valenciana, que ha exigido «la retirada inmediata y sin condiciones» de los planes de ampliación «y la reversión de las infraestructuras».

Catalá (PP): «Dará empleos»

El Grupo Municipal Popular se muestra favorable a la ampliación. «Hay que respetar los informes técnicos y jurídicos que avalan la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental y finalizar esta inversión estratégica para la ciudad que generará más de 44.000 empleos» aseguró su portavoz María José Catalá, quien reclamó a los partidos de izquierda que «dejen de torpedear el proyecto porque si no, pondrán la alfombra roja a Barcelona para que nos adelante. Los valencianos necesitan trabajar.»