El octavo ‘mandamiento’ que la ONU enumera de cara a la transformación que debe afrontar el planeta en el camino hacia la sostenibilidad en el año 2030 se sumerge en el mundo laboral y en las relaciones entre trabajadores y empresa de cara al nuevo escenario que diseñará la revolución tecnológica y el incremento de la población mundial: seremos más personas en busca de empleo a la vez que las máquinas asumirán buena parte de los puestos actuales. El reto para las sociedades occidentales es especialmente grande, ya que deben gestionar esa creación de empleo digno con unos compromisos climáticos más ambiciosos que algunos de sus competidores.
Bajo el título «trabajo decente y crecimiento económico», Naciones Unidas llama en ese octavo punto de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a estimular el crecimiento económico de un modo amigable para el planeta, aumentando los niveles de productividad y la innovación tecnológica, y a fijar medidas eficaces para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud y el tráfico de seres humanos.
Para aterrizar esos objetivos globales a la coyuntura concreta de Europa, España y la Comunitat Valenciana, Levante-EMV ha reunido en torno a una mesa a distintos representantes de los principales colectivos implicados para reflexionar sobre la situación laboral actual y, sobre todo, sobre las oportunidades y riesgos que comporta el desafío. El encuentro estuvo moderado por el director general de relaciones institucionales del diario y de Prensa Valenciana, Julio Monreal, y contó con el patrocinio de Facsa, la Autoridad Portuaria de València y Caixa Popular.
Los invitados a esta nueva entrega del ciclo con el que Levante-EMV analiza y debate los ODS de la ONU fueron Mari Carmen Soler, directora financiera de Caixa Popular; Pedro Coca, presidente de la asociación de directivos y empresarios logísticos Propeller de València; Miguel Javaloyes, secretario general de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV); Ismael Sáez, secretario general de UGT-PV; Ana García, responsable de formación y empleo de CC OO-PV; Marta Rodríguez, responsable de proyectos de la Fundación Etnor, y Pedro Sánchez, director del área de recursos humanos del Grupo Gimeno.
Abrió camino el recién reelegido líder de UGT-PV al señalar las amenazas de deslocalización como uno de los mayores peligros para la economía valenciana y española. Unos riesgos que no son nuevos y que, según destacó, se arrastran desde finales de los años 90, cuando se produjo una mejoría de los salarios de los trabajadores en España que hizo que las grandes empresas dejaran de ver tan atractivo invertir en el país.
Sáez, Javaloyes y Coca coinciden: el proceso de globalización se quedó cojo, ya que no vino acompañado de una armonización de las regulaciones del empleo y sus condiciones a escala mundial. «No hemos sabido gestionar la globalización. No hemos instaurado una armonización fiscal en la Unión Europea en materia de normativa laboral», defiende el secretario general de la patronal valenciana.
En esa misma línea, Sáez apuntó: «hemos dejado de ser atractivos» por ese aumento de los salarios. «El capital se mueve libremente y otros comienzan a captar inversiones. Las multinacionales deciden dónde se invierte y eso impacta en el trabajo. Hay que homogeneizar las condiciones de trabajo y los salarios, porque tener unas normas comunes a nivel mundial es determinante para que el capitalismo tenga unas reglas de juego mínimas».
Sáez destaca un cambio positivo que ha llegado con la pandemia y que se ha acelerado con la salida de Donald Trump de la Casa Blanca. «El Fondo Monetario Internacional y ahora la Administración de Joe Biden están planteando aumentar las fiscalidades» en el mundo, lo que a su juicio evidencia que se ha «aprendido una lección» de esta crisis sanitaria y los Estados ya piensan en poner condiciones a los grandes gigantes.
Javaloyes añade que la covid también ha evidenciado otra consecuencia de esa deslocalización industrial: «Tenemos menos materia prima y hemos sufrido momentos de desabastecimiento porque comprar fuera era más barato, especialmente en el extremo oriente». Por eso, reclama «cambiar el foco» para centrarse en «cómo gestionar esa deslocalización y analizar el tejido productivo de la Comunitat Valenciana. Hay que consolidarlo, dotándolo de seguridad jurídica y de una armonización fiscal porque si no no tendremos un empleo de calidad», añade.
Coca incide, por su parte, en que esas alertas vienen de lejos. «Hace 15 años Aurelio Martínez —presidente de la Autoridad Portuaria de València— ya avisó de que la globalización no fue acompañada de un aspecto jurídico, lo que hubiera permitido que fuera en una dirección más adecuada», reflexiona.
La directora de proyectos de Etnor asume con optimismo el reto de una regulación global de las relaciones laborales. «El imperio romano ya inventó pasaportes para poder transitar por el mundo. No es la primera vez que necesitamos un marco que nos aporte unas pautas mínimas a nivel global», destaca.
El representante del sector logístico, nombrado también presidente de la Fundación Etnor hace escasos días, defiende el papel de su área como «fuente de generación de riqueza» y entronca en su argumentación con la necesidad de compatibilizar la sostenibilidad con el desarrollo en un mundo cada vez más poblado. «En 2050 rondaremos los 9.000 millones de habitantes y todos querrán trabajar. El crecimiento vendrá de Asia y África y querrán las mismas oportunidades que nosotros. La misión principal es apoyar ese crecimiento pero gestionarlo racionalmente», entiende Pedro Coca.
A un nivel más local, los sindicatos lamentan el paso atrás en materia laboral que se dio a raíz de la crisis de 2008 y de la aprobación de la reforma laboral. Ana García considera que el «punto de partida» para «reconducir» esas relaciones laborales «ya mermadas» desde entonces es «modificar la reforma laboral». La única candidata a liderar CC OO PV en el próximo congreso del sindicato se muestra tajante al defender que «a nivel general no hay trabajo decente en España», ya que «hoy en día tener un trabajo remunerado no significa tener un trabajo decente». Una situación que deriva en una menor productividad porque «a medio y largo plazo la infelicidad de los trabajadores repercute en su rendimiento y evita beneficios empresariales que creen empleo de calidad».
Sobre el bienestar de los empleados en sus puestos de trabajo arrojaron luz Mari Carmen Soler y Pedro Sánchez. La directiva de Caixa Popular sostiene que su entidad apuesta por la felicidad de su plantilla como «política estratégica», por lo que sus esfuerzos se orientan a «buscar el equilibrio entre la vida profesional y personal», algo que se ha facilitado con la llegada del teletrabajo, aprovechada en la cooperativa financiera para «flexibilizar todo lo que ha sido posible».
Pedro Sánchez, por su parte, coincide en el impulso exitoso que ha tenido ese trabajo a distancia y apunta a un cambio de tendencia en las expectativas de los trabajadores en un momento de cambios. «Los candidatos ya no solo miran el sueldo sino los valores de la empresa y sus objetivos a medio y largo plazo». Y por ser eso importante para empresas como Facsa, ésta promueve formación propia para su sector por las dificultades para encontrar aspirantes.
En cualquier caso, el modelo de relaciones laborales que se esboza entre los participantes del debate no es el único y así lo recuerda Sáez: «Hay varios mundos y varios modelos. Para que triunfe el que nosotros defendemos, o nos unimos o no ganará», resume mientras lamenta la siempre criticada lentitud de la UE frente a China o Estados Unidos. «Europa presume de un plan de 750.000 millones para la recuperación, pero Biden ha puesto ya sobre la mesa 4 billones».
