El Gobierno tramitó ayer la prórroga de las ayudas para los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y los autónomos hasta el 30 de septiembre. El acuerdo viene avalado por el consenso con la patronal y los sindicatos más representativos. «La marca de la casa del Gobierno de España se llama diálogo social», reivindicó la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, ya con el alta médica tras su baja puntual esta semana. El desembolso de recursos públicos para mantener estas ayudas no tiene precedentes y solo en exoneraciones a las empresas (sin contar con las prestaciones por desempleo) ascenderá hasta los 21.000 millones de euros, desde su puesta en marcha al inicio del primer estado de alarma y hasta este septiembre.

Alrededor de un millón de trabajadores, entre asalariados y autónomos, quedarán cubiertos con esta nueva prórroga. Randstad situó ayer el número de valencianos afectados por ERTE en el 3,1 % de la población ocupada. Es decir, unos 62.000. «Muchas familias van a poder dormir tranquilas», destacó Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo; en la que reivindicó la «política de lo cotidiano, de las cosas pequeñas».

El nuevo sistema de protección incorpora un sistema de ayudas para tratar de acelerar la vuelta a la actividad de las empresas en ERTE. Algo que ha generado hostilidad en todo momento entre patronal y sindicatos, más proclives a no introducir cambios, pero que era una línea roja para el el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá. «El esquema de protección, por una parte, seguirá acompañando a aquellos que sigan teniendo restricciones, pero al mismo estimulará e impulsará a la activación de trabajadores y la vuelta de actividad de las empresas», según resumió.