Más de 180.000 valencianos tienen siete meses para reclamar el dinero que pagaron de más cuando compraron su coche por el acuerdo que mantuvieron las grandes automovilísticas entre 2006 y 2013, según cálculos de las organizaciones de consumidores. Los perjudicados pueden recuperar de media entre 2.000 y 3.000 euros (el 10 % del valor del coche), pero deben presentar las demandas para interrumpir el plazo de prescripción.
Los despachos de abogados están captando a los afectados tras fracasar los intentos de mediación extrajudicial. Solo Arriaga Asociados representa a 470 conductores de la Comunitat Valenciana. En otras comunidades autónomas como Asturias están reforzando los juzgados ante la avalancha de casos que se avecina. El TSJ valenciano no aclaró cuál es la situación en la Comunitat ni si los jueces están preocupados por el problema y han pedido refuerzos como en otras zonas de España.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) concluyó en 2015 tras dos años de pesquisas que 28 marcas de coches (algunas ya no operan en el mercado español) habían constituido un cartel para intercambiar información confidencial. La CNMC impuso a los fabricantes la mayor multa de su historia: 171 millones de euros repartidos entre 23 empresas, según precisa el despacho valenciano Varona Legal & Numbers. Seat quedó exenta de la multa por acogerse al programa de clemencia al colaborar para desmantelar el cártel. Los fabricantes recurrieron por vía administrativa y desde el pasado mes de septiembre la sala tercera del Tribunal Supremo está ratificando las sanciones y abriendo la puerta a que los clientes reclamen por el dinero que pagaron de más.
Marcas
Arriaga Asociados explica que las personas que adquirieron un coche por compra, 'leasing' o 'renting' entre febrero de 2006 y julio de 2013 de una de las marcas condenadas pueden reclamar. "Tanto particulares como autónomos o empresas pueden hacerlo. Los fabricantes implicados en el cártel de coches conforman el 91 % de la cuota de mercado y son los siguientes: Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Lexus, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Toyota y Volvo, según el despacho de abogados.
A diferencia de lo ocurrido con otros cárteles, en el caso del de los coches la CNMC y el Supremo no señalan expresamente que la conducta tuviera que ver con elevar de manera directa los precios de los vehículos. En concreto, se sanciona el intercambio de información confidencial "en las áreas de gestión empresarial, postventa y marketing".
Vicente Inglada, secretario general de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, explicó que han intentado la mediación extrajudicial en una cincuentena de casos, pero las marcas se han negado a devolver el dinero. La organización está valorando si emprender la vía judicial porque "es costosa". El colectivo de defensa de los consumidores se está dirigiendo contra los concesionarios, que se desentienden apelando a que es un problema que incumbe a las marcas.
Desde Arriaga Asociados advierten de que el plazo de prescripción es de un año y comenzó a correr desde la sentencia del Supremo de cada marca afectada (empezaron a salir en septiembre de 2021). "Este plazo es susceptible de ser interrumpido, así que el tiempo es clave. Una vez transcurrido ese año sin haber interrumpido el plazo, las posibilidades de reclamar son casi nulas", subraya el despacho.
