El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha dado la razón a LafargeHolcim en su denuncia contra la declaración de la montaña de Romeu como paraje natural municipal. Esta fórmula de protección, aprobada en 2019 a través de un decreto del Consell, suponía un freno a la ampliación de la cantera del Salt del Llop, donde la cementera mantiene una concesión minera, del que ahora se ha liberado al estimar la sentencia dos de los 11 motivos de anulación esgrimidos por la multinacional.
El más significativo es la falta de justificación para prohibir la actividad extractiva en los cerca de 2,8 millones de metros cuadrados del paraje de Romeu. Según el fallo, al que ha tenido acceso Levante-EMV, las motivaciones «resultan insuficientes», y «estereotipadas» al establecerse «una prohibición total, genérica y absoluta de las actividades extractivas, lo que viene vedado por el artículo 122 de la Ley de Minas».
En cualquier caso, el juez matiza que este pronunciamiento no significa que «se reconozca la compatibilidad entre la actividad extractiva -de LafargeHolcim- en el ámbito de la concesión minera del Salt del Llop y el medio ambiente protegido». En definitiva, lo que le faltó al expediente fue «ponderar la importancia que para la economía nacional implica la explotación minera de que se trate y el daño que se produce al medio ambiente».
El otro motivo para anular el decreto es la falta de memoria económica, ya que «se produce una indefinición de los mecanismos de financiación del paraje natural, por cuanto se desconoce el coste que pueda dar lugar, ni los estudios económicos que se hayan tenido en cuenta para el proyecto».
La primera reacción municipal fue de EU, integrante del tripartito de gobierno, cuyo concejal Roberto Rovira exigió a la Generalitat que recurra la sentencia, corrija el decreto e insista en la protección de este paraje. Desde la cementera, mientras, se tendió la mano a ayuntamiento, Consell y «grupos de interés» para «garantizar la coexistencia de los intereses sociales, ambientales, mineros e industriales» en el marco del convenio acordado por las partes en 2013.
