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Los jueces amplían hasta 2026 el plazo para exigir indemnizaciones por el cártel de coches

Más de 180.000 valencianos perjudicados por el acuerdo de las automovilísticas entre 2006 y 2013 pueden recuperar entre 2.000 y 3.000 euros de media por el dinero que pagaron de más

Vehículos saliendo de València en dirección al sur. Francisco Calabuig

Más de 180.000 valencianos tienen cuatro años más para reclamar el dinero que pagaron de más cuando compraron su coche por el acuerdo que mantuvieron las grandes automovilísticas entre 2006 y 2013. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha ampliado 5 años el plazo de prescripción del cártel de camiones, en un fallo que afecta a otros casos de derecho de la competencia como el de fabricantes de automóviles, según coinciden los principales bufetes de abogados. En el caso del cártel de coches el nuevo plazo de 5 años empezó a correr en abril de 2021 por lo que acaba en 2026 (dentro de cuatro años). Los perjudicados pueden recuperar de media entre 2.000 y 3.000 euros (el 10 % del valor del coche), pero deben presentar las demandas. Los despachos de abogados están captando a los afectados tras fracasar los intentos de mediación extrajudicial.

La Agrupación de Afectados por el Cártel de Coches (AACC) ya ha comenzado la tramitación de las reclamaciones de miles de afectados. Fuentes del colectivo explican que las últimas resoluciones judiciales limitaban hasta octubre de este año la posibilidad para reclamar. «Ahora, este plazo queda extendido hasta abril de 2026. A partir de este momento, los interesados se pueden acoger a la resolución dictada por el TJUE el 22 de junio de 2022 que amplía el plazo. Esta ampliación es una oportunidad para todos los afectados que todavía no han comenzado con su reclamación al creer que su caso había prescrito”, apunta Rafael Ortiz, portavoz de la Agrupación de Afectados del Cártel de Coches.

Fuentes del despacho Arriaga Asociados coinciden en que la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea amplía cinco años el plazo para reclamar. El bufete también entiende que ese plazo de cinco años empezó a correr en abril de 2021 y termina en el mismo mes de 2026.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) concluyó en 2015 tras dos años de pesquisas que 28 marcas de coches (algunas ya no operan en el mercado español) habían constituido un cartel para intercambiar información confidencial. La CNMC impuso a los fabricantes la mayor multa de su historia: 171 millones de euros repartidos entre 23 empresas. Seat quedó exenta de la multa por acogerse al programa de clemencia al colaborar para desmantelar el cártel. Los fabricantes recurrieron por vía administrativa y desde el pasado mes de septiembre la sala tercera del Tribunal Supremo está ratificando las sanciones y abriendo la puerta a que los clientes reclamen por el dinero que pagaron de más.

Arriaga Asociados explica que las personas que adquirieron un coche por compra, ‘leasing’ o ‘renting’ entre febrero de 2006 y julio de 2013 de una de las marcas condenadas pueden reclamar. «Tanto particulares como autónomos o empresas pueden hacerlo. Los fabricantes implicados en el cártel de coches conforman el 91 % de la cuota de mercado y son los siguientes: Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Lexus, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Toyota y Volvo, según el despacho de abogados.

A diferencia de lo ocurrido con otros cárteles, en el caso del de los coches la CNMC y el Supremo no señalan expresamente que la conducta tuviera que ver con elevar de manera directa los precios de los vehículos. En concreto, se sanciona el intercambio de información confidencial «en las áreas de gestión empresarial, postventa y marketing».

Frente a los grandes bufetes, la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana apuesta por la vía extrajudicial para evitar que los afectados incurran en el pago de las costas procesales en el caso de que los jueces no les den la razón. «No queremos generar grandes expectactivas porque puede haber diferentes criterios judiciales. Nosotros lo primero que planteamos es la reclamación extrajudicial para paralizar la prescripción. Así no es un procedimiento excesivamente caro», subraya el colectivo.

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