José Miguel Ferrer (València, 1981) dirige la filial española de Statkraft, primer productor renovable de Europa, desde sus oficinas centrales en València. La compañía cuenta con proyectos solares en la C. Valenciana por 400 millones de euros, cuya construcción generaría unos 1.200 empleos.

¿Cómo valoran las políticas de la Generalitat para la implantación de renovables?

El president ha reiterado la necesidad de acelerar el despliegue renovable, tal y como establecía el Decreto Ley del Consell de agosto de 2020: diez gigavatios renovables para 2030. Creo que su visión es positiva: luchar contra el cambio climático y, a la vez, impulsar la competitividad de la economía valenciana. Sin embargo, en los últimos meses, normas como el Decreto Ley 1/2022 ponen muchas trabas a proyectos que antes eran viables. Ahora me temo que muchos de ellos no podrán salir adelante y que dejaremos de recibir inversiones de miles de millones de euros en nuestra tierra.

Solo el 19 % de la energía generada en la Comunitat Valenciana en 2021 fue renovable. ¿Cómo acelerar el proceso? 

Vamos a la zaga del resto de España en renovables. Debemos agilizar la puesta en marcha de los proyectos que tengan sentido económico, medioambiental y social. Las renovables son la solución al cambio climático y a la competitividad de nuestra economía, especialmente en una región con industrias tan energéticamente intensivas como son, por ejemplo, las cerámicas. No podemos perder más tiempo. 

¿Cómo puede contribuir la fotovoltaica a controlar el precio de la energía?

Ya es la fuente de energía más barata. Cuanta más fotovoltaica y eólica entren en el sistema, más desplazarán a las tecnologías más caras que fijan el precio. En los últimos meses hemos visto precios disparatados, pero también el megavatio por debajo de cinco euros en momentos con mucha oferta renovable y poca demanda, como ocurrió el 23 de abril. 

¿Qué problemas se encuentran para la implantación de renovables como la solar? 

Los procesos administrativos son muy lentos. En segundo lugar, nos enfrentamos a trabas como las del Decreto Ley 1/2022. Aplicando los nuevos parámetros, calculamos que en 100 municipios de la Comunitat Valenciana no se podría instalar ni una sola hectárea de fotovoltaica. Así no cumpliremos los objetivos a 2030. Además, es clave no cambiar las reglas a mitad de partido, sobre todo considerando que la legislación anterior a este decreto ya es muy garantista en cuestiones como la medioambiental, que es fundamental.

Su inversión prevista en la C. Valenciana supera los 400 millones de euros, ¿qué ventajas tienen los proyectos para la C. Valenciana? 

La idea es que los proyectos sean beneficiosos para la Comunitat y para las localidades donde nos implantamos. Queremos hacer un proyecto con un marcado componente valenciano, de forma que la energía sea generada aquí y consumida por nuestra industria a través de contratos a largo plazo. La Comunitat Valenciana tiene una gran industria renovable y me encantaría como valenciano que gran parte de la inversión se quedara en nuestra tierra. La intención es que tanto la mano de obra como los equipos principales sean de aquí. 

¿Y para los ayuntamientos?  

Nos sentamos con ellos para entender las particularidades de cada localidad. Tanto con el Ayuntamiento de Talayuela, donde ya tenemos una planta operativa, como con el de San José del Valle, donde estamos finalizando la construcción de otras tres, hemos firmado convenios de fomento del empleo, planes de formación, programas de becas para jóvenes, acuerdos con pastores de la zona para que entren con sus ovejas a las instalaciones… Hay que saber escuchar.