Los consultores empresariales alertan de que el 20 % de las pymes valencianas está abocada al cierre por la crisis actual y la deuda generada durante la pandemia. Los administradores concursales advierten de que el Gobierno ha aprobado una reforma de la ley concursal que impulsa el "persianazo" exprés de empresas con hasta 350.000 euros de deuda o una facturación de 700.000 euros al año. Juan José Estruch, decano del Colegio Oficial de Titulares Mercantiles y Empresariales de Valencia (Comeva), explica que esta medida entra en vigor en enero y busca evitar el colapso de los juzgados de lo Mercantil al fomentar la liquidación de las empresas tras la presentación de un formulario y sin la necesidad de contar con un administrador concursal.
Los economistas inciden en que miles de empresas valencianas son 'zombies' (están muertas en vida) y han sobrevivido a la pandemia gracias a la moratoria de los concursos forzosos (instados por los acreedores) y a los créditos ICO que "ahora no van a poder devolver". Estruch afirma que a esta situación de partida se suman los sobrecostes que están sufriendo las pymes por la inflación, espoleada por la subida del coste de las materias primas, el gasóleo y la electricidad.
El decano de Comeva asegura que el Gobierno ha aprovechado la reforma de la ley concursal (que ha entrado en vigor esta semana) para agilizar las liquidaciones de empresas pequeñas y medianas en dificultades. "El Gobierno lo ha impulsado para evitar el colapso judicial. Este nuevo sistema afecta al 75 % de las empresas que ahora entran en concurso. Es un sistema más ágil porque solo hay que presentar de forma electrónica un formulario en el juzgado. No va haber administrador concursal. Se está recurriendo al 'persianazo' porque el objetivo es saldar parte de las deudas vendiendo lo que quede y liquidar la empresa", advierte Estruch. La medida entra en vigor el 1 de enero.
El representante de Comeva incide en que una parte importante de las pequeñas y medianas empresas valencianas están muy tocadas y son inviables. "El problema en España es que el empresario al frente de una pyme se espera hasta el final para presentar el concurso de acreedores. Tienen miedo a presentar el concurso y ser señalado. A diferencia de lo que ocurre en el resto de Europa, en España no está bien visto entrar en concurso. En cuanto se presenta, se cierran las puertas de la financiación y hasta los clientes deciden no pagar". Estruch incide en que los empresarios con problemas deben reaccionar antes para tratar de salvar sus empresas. "Eso sí, esta recomendación funciona con empresas viables. No tiene sentido tratar de salvar una empresa con un modelo de negocio acabado como las cintas de música. Cuando un negocio deja de ser viable, lo mejor es una liquidación ordenada", añade el decano.
Tres de cada cuatro concursos
El Gobierno acabó el 30 de junio con el dique de contención que en forma de moratoria protegía a las empresas que no podían hacer frente a sus obligaciones de pago desde el estallido de la pandemia. Juan José Estruch recuerda que la moratoria concursal ha impedido durante dos años y medio a los acreedores instar el concurso. "Muchas empresas con problemas recibieron créditos ICO. Son préstamos de difícil recuperación. Calculamos que de cada cuatro concursos tres van a ser por el impago de los crédito ICO", apunta Estruch.
El decano lamenta que la crisis actual va a afectar al consumo por la imposibilidad de las familias de asumir más gastos y afectará especialmente a negocios de hostelería, peluquería, electricidad o servicios. "La gente va a consumir menos por la inflación. Es una crisis diferente a la de 2008, que estuvo marcada por la falta de liquidez tras el desplome inmobiliario".
La nueva ley concursal, que ha sido modificada para adaptarla a la directiva europea, va a quitar trabajo a despachos de abogados y economistas al prescindir de la figura del administrador concursal en el 75 % de los procedimientos. "Los administradores van a quedar para los grandes concursos de acreedores", subraya Estruch. Además, a partir del próximo 26 de marzo los administradores concursales que carezcan de experiencia van a tener que pasar un examen de aptitud profesional.