La complejidad técnica demora el bono social de 30 euros del Consell para la cesta de la compra antiinflación

La puesta en marcha de una cesta de la compra antiinflación en la Comunitat Valenciana, a través de un bono social de unos 30 euros/mes para los consumidores con rentas bajas mediante ayudas públicas del Consell (95 %) y de las empresas de la distribución comercial (5 %), no parece tarea fácil y se demora más de lo previsto. Representantes de la Generalitat y del sector, incluidas las patronales Asucova (supermercados), grandes superficies comerciales (Anged), así como Confecomerç -todas ellas representadas en la comisión de Comercio de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV)- no consiguen avanzar en esa iniciativa pionera en España que anunció el jefe del Ejecutivo, Ximo Puig, hace dos semanas, para paliar el notable impacto de la subida del IPC de los alimentos, que son un 15,9% más caros de media que hace un año.

Con escaso margen de maniobra, dada la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, ambas partes tratan de articular un bono social para las personas más desfavorecidas (aquellas cuyo umbral de ingresos se sitúa como máximo entre 17.000 y 20.000 euros anuales) que consistiría en el citado descuento de unos treinta euros mensuales y podría beneficiar a unas 150.000 personas de la autonomía, según fuentes del sector. El problema es que todavía no se ha elaborado el censo de las personas beneficiarias de estas subvenciones, que se extenderían durante tres meses y no podrán ser compatibles con las percepción de otras ayudas sociales, como la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). Además, la administración autonómica aún no ha concretado el volumen total para este fondo, que debe poner en marcha la Conselleria de Hacienda, y al que podrían destinarse unos 15 millones de euros.

Sistema de reparto

Según fuentes del sector del Comercio, también habrá que determinar el sistema de reparto de este vale, lo que requerirá una solución telemática a través de la puesta en marcha de un registro electrónico y que la gente se apunte en una web. Tanto Anged (que representa a firmas como El Corte Inglés o Carrefour) como Asucova (Mercadona, Consum o Masymas, entre otras) han mostrado su disposición a colaborar en esta iniciativa, si bien aseguran que la "decisión dependerá de cada empresa y no tanto de las asociaciones profesionales". La semana pasada había una reunión convocada por la administración autonómica con el sector, pero se suspendió.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, reconoció la semana pasada al presentar los resultados de la compañía de 2022 que no se opone a iniciativas como la del Consell y que "hará lo que acepten otras empresas del sector", si bien considera que es "imposible" establecer un tope de los precios de la cesta de la compra porque estos "dependen de la oferta y demanda de productos" y considera que querer topar los precios es "un brindis al sol, una ilusión" , tal como pretenden medidas como la del Gobierno de Francia. 

Las ayudas públicas del Consell podrían elevarse a unos 15 millones de euros.

Otras iniciativas

Mientras tanto, cadenas de supermercados implantadas en otras autonomías toman cartas en el asunto ante el subidón del IPC de los alimentos. Así, desde ayer, la cesta de la compra de Eroski, compuesta por más de 800 productos de primera necesidad, ha bajado su coste. En ella, los consumidores pueden encontrar aceite, conservas, arroz, cereales, leche o verduras. La cadena de distribución vasca venderá esta cesta en todas sus tiendas de España durante todo 2023, y será bautizada como ' La Cesta que enamora'. Otras distribuidoras de alimentos como Carrefour también lanzaron recientemente una cesta de la compra de 30 productos a un precio muy rebajado, que buscaba ayudar a las familias a combatir la notable subida de precios.

Eroski, Carrefour y BonPreu han puesto en marcha cestas de la compra baratas para productos básicos

En Cataluña, el grupo Bon Preu ha anunciado esta semana que bonificará el 5% del precio de las compras hechas en las secciones de carne y pescado fresco, tanto si son productos comprados en el mostrador, como si son envasados. La medida estará activa durante tres meses (hasta el 18 de junio) en los supermercados Bonpreu, Esclat y BonpreuEsclat, pero solo para los consumidores registrados, es decir, aquellos que dispongan de tarjeta cliente. En total, el grupo calcula que tendrá que invertir 2 millones de euros en llevar esta estrategia a cabo.