Gestión de residuos: más conciencia ciudadana y más recursos para el horizonte 2035

Mientras en Dubái los Estados debatían sobre la reducción global de emisiones y la desaparición de los combustibles fósiles, en Guadassuar (la Ribera Alta), responsables políticos y técnicos hacían lo propio este pasado martes sobre la importancia de la reducción de residuos en las ciudades valencianas. Es una imagen gráfica de la máxima de la sostenibilidad: piensa global y actúa local. Y eso, precisamente, actuar local, es lo que llevan haciendo los municipios valencianos a través de los consorcios de residuos.

Bajo el título «20 años de gestión de consorcios de residuos en la C. Valenciana», y convocados por Levante-EMV y el Consorcio Ribera i Valldigna, la planta de Guadassuar reunió a los actores principales en la provincia de Valencia.

El encuentro, moderado por la periodista de Levante-EMV Amparo Soria, permitió visibilizar el papel de las plantas de tratamiento y de los consorcios en el funcionamiento de las ciudades. Pero también para reclamar una mayor conciencia ciudadana, que requiere formación y pedagogía, debido al coste real de este proceso, que va a ir a más en los próximos años para cumplir las nuevas normativas ambientales y supondrá un aumento de gasto para los ayuntamientos.

Abrió fuego el alcalde de Guadassuar y presidente del Consorcio Ribera i Valldigna, Vicente Estruch. Y lo hizo señalando la condición de referente de una planta que presta servicio a 51 municipios y 3 entidades menores. Hoy es la que más residuos recupera y menos rechazo a vertedero genera. En concreto, un 36 % de los residuos que entran acaban en el vertedero. Es la mejor ratio de la C. Valenciana, aunque todavía muy lejos del 10 % de residuos que, en 2035, deberá ir a vertedero.

El director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, que estuvo acompañado de José Vicente Miró, responsable de la Generalitat ante los consorcios, enfocó algunos de los retos que tiene el tratamiento de residuos en la autonomía. «Hay que intentar que todas las plantas recuperen el máximo posible y todas funcionen al máximo de su capacidad». Además, el reto más inmediato es redactar el nuevo Plan Integral de Residuos, «que está en prórroga, y hay que adaptarlo a los nuevos objetivos e introducir las novedades que queremos». Una de ellas es la valorización energética. Ya no hay debate, expresó, «más que nada porque no tenemos vertederos». Y añadió: «Otro de los objetivos es acabar con el turismo de residuos. No puede ser que residuos de Castelló vayan a Alicante, de Alicante a Valencia y de Valencia a Cuenca. Hay que ser eficiente. El principio de proximidad nos lo creemos muchos, no va a ser un ‘parrafito’ del nuevo PIR. La autosuficiencia también se tiene que cumplir, y la solidaridad», aseveró.

"Trasladar restos no es eficiente: el turismo de residuos debe acabar"

Desde al ámbito de la Diputación de València, el jefe de Sección de Agua y Residuos Sólidos Urbanos en el Servicio de Medio Ambiente, Juanjo Mayans, aplaudió la apuesta de la Generalitat por la valorización: «Oír hablar sin cortapisas de valorización me alegra. Tras separarlo todo muy bien, como ocurre en estas plantas, queda al final un rechazo que solo tiene dos destinos. O se entierra o se quema. Y si se quema y produce energía creo que es lo mejor».

Además, Mayans recordó el respaldo provincial a los municipios en ayudas para la redacción e implantación de planes locales de residuos, de más de 4 millones, que han llegado a 150 municipios, además de otros 4,5 millones para la mejora de procesos e instalaciones de los consorcios.

Objetivo: 10 % a los vertederos

Desde los consorcios, precisamente, el gerente de Ribera i Valldigna y Valencia Interior, Ángel Rodríguez, subrayó que «la ventaja del sistema de consorcios es que se ha creado una administración intermedia que se dedica solo a esto». Ahora, el reto es adaptar las instalaciones a las necesidades de mayor selección, eficiencia, menos residuos en vertedero… «Y a corto plazo, adaptarnos al cambio tremendo en la normativa de recogida en los municipios. Tenemos que ir a sistemas de recogida de alta eficiencia. Ahora, el 80 % de residuos viene mezclado a estas plantas».

Una parte importante de esos cambios viene recogida en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, y que incorpora el paquete de economía circular de la UE. En concreto, los nuevos objetivos en cuanto a materiales a recoger separadamente, porcentaje de recogida separada o la reducción de residuos que terminan en el vertedero.

Sobre las dificultades de los municipios para afrontar estos cambios en los sistemas de recogida reflexionó Sayo Gandia, concejala de Ontinyent y vicepresidenta del COR. «Hay que ayudar a las poblaciones pequeñas, pero pienso que las medianas y grandes también necesitan ayudas. Sufrimos más consecuencias de implantar nuevos servicios. En una población pequeña es más fácil concienciar al vecino. En las grandes, las que tenemos población diseminada, es más complicado. Los nuevos sistemas de recogida de residuos supondrán un salto económico. Nosotros pasamos de 1,2 millones a casi 4 con el nuevo sistema de recogida puerta a puerta con los residuos separados», explicó.

La tasa frente al coste real

«Deberíamos ir de la mano. En nuestro caso, el plan zonal contemplaba 10 plantas de residuos y aún no tenemos ninguna. Los consorcios no van al ritmo que necesitan los ayuntamientos. Es importante que las administraciones superiores contemplen a las ciudades que están haciendo sus deberes. Pero hay que ser consciente de que tiene un coste más elevado», reflexionó.

Una de las cuestiones que atravesó la charla fue, precisamente, el coste real de la recogida, tratamiento y recuperación de residuos, los problemas económicos que pueden sufrir los ayuntamientos con los cambios y, también, la necesidad de mayor conciencia ciudadana ante la tasa de residuos.

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El director general opinó: «La ley estatal de 2022 da a los ayuntamientos 3 años para adaptar sus tasas al coste real de la gestión de residuos. Hay que hacerlo. No puede ser que haya ayuntamientos que cobren 80 euros al año por la recogida y tratamiento. Pensar que con eso se puede financiar es engañarse. No es barato y hay que cobrar lo que toca. De ahí la importancia de la educación».

Formar al ciudadano

Quien más insistió en la cuestión de la formación fue el alcalde de Domeño y presidente del Consorcio Valencia Interior, Francisco Gómez: «Desde la generación de mis padres a la de mis hijas vemos cómo ha cambiado la mentalidad de la gente, para bien, para reciclar más, para tener cubos de separación inicial de los residuos. Hay que dar un empujón en educación, debemos fomentarlo. En colegios de Infantil y Primaria. Se ha hecho labor pero debemos insistir más», dijo. Y añadió posteriormente: «No somos alemanes, somos mediterráneos, y hay que motivarnos. Y por desgracia solo tenemos la educación y la cartera: si lo haces bien te premio, si lo haces mal te castigo. Hay un trabajo muy importante de los educadores ambientales, y a ser posible que no sean del municipio».

El alcalde de Guadassuar, Vicente Estruch, insistió en ese mensaje. «Cuando entré de presidente, la noticia fue la subida de la tasa. Al final hablamos de 90 y pico euros al año. Si comparamos con internet, luz agua… Es un problema de mentalidad, de concienciación... La gente tiene que percibir que es un servicio. Parece que sacamos la basura y desaparece. No: pasa por un proceso de costes increíbles en busca del residuo cero», concluyó.