Los resultados de las elecciones generales vaticinan un calendario político muy ajetreado. A partir de este lunes, el Gobierno y su presidente actúan en funciones. En anteriores legislaturas, transcurrían unas seis semanas -mes y medio- desde la fecha de las elecciones hasta la investidura del jefe del Ejecutivo. En esta ocasión, no se descarta que los plazos se amplíen.

El mes de enero, junto con julio y agosto, son considerados inhábiles en cuanto a la actividad parlamentaria. Sin embargo, dado el calendario electoral, es probable que se active el próximo mes como hábil. Esa decisión la tiene que tomar la Mesa del Congreso, que debería quedar constituida el 13 de enero o en días posteriores, puesto que esa es la fecha fijada por el decreto electoral para la formación de las nuevas Cortes Generales en la XI legislatura de la democracia española. En caso de que enero no fuera hábil, el inicio de todo el proceso se retrasaría hasta el 17 de febrero.

La otra vía del calendario postelectoral se activa a partir de la actividad del Rey. Don Felipe iniciará consultas con los líderes de los partidos que más apoyo hayan concitado en las elecciones para proponer un nombre como primer aspirante a la presidencia del Gobierno.

Dados los resultados, es más que probable que Mariano Rajoy suponga su primera propuesta, aunque la suma de los apoyos de su partido y Ciudadanos no le garantice la mayoría absoluta. Si Rajoy - u otro candidato- no obtuviese esa mayoría absoluta (176 diputados), se sometería a votación en el Congreso la misma propuesta 48 horas después, y en esta ocasión sería necesaria una mayoría simple (más votos afirmativos que negativos).

Si tampoco lograra el respaldo necesario, ese candidato no podría seguir optando a la presidencia del Gobierno, lo que obligaría al Rey a proponer a otro candidato después de consultar a los partidos. El reglamento establece que, si transcurren dos meses después de la primera votación en el Congreso y ningún candidato dispone de los apoyos necesarios, las elecciones deberían repetirse.

A la hora de las decisiones cotidianas, el Gobierno en funciones cuenta con la tranquilidad de que los Presupuestos de 2016 ya están aprobados y entran en vigor a partir del 1 de enero, lo que da margen a la actividad gubernamental y permite salvar las gestiones más urgentes.