No eran aún las 8.00 de la mañana, hora prevista para que abriera el miércoles la Junta Electoral Provincial de Alicante para realizar el escrutinio del voto de los residentes españoles en el extranjero, así como el recuento final de las elecciones generales y autonómicas celebradas del pasado domingo, 28 de abril, que ya estaban esperando en la puerta de la Audiencia Provincial un grupo de militantes de la formación de ultraderecha Vox, dispuestos a controlar hasta el último detalle un proceso democrático que, hasta ahora, nadie había puesto en duda.
Acatando a rajatabla las directrices del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, el partido ultra exigió la revisión del escrutinio de los votos entregados en la Junta Electoral Provincial de Alicante. Con el pretexto de que han aparecido «en toda España decenas de miles de votos nulos» la dirección nacional de la formación de ultraderecha tiene la intención de exigir la revisión del escrutinio en toda España «para que haya una verdadera transparencia entre lo que los españoles han votado y la representación real en el Congreso».
Y bajo ese pretexto, un grupo de 15 militantes de Vox, desde primera hora de la mañana de ayer estuvieron supervisando con lupa el recuento, una fase final que se realiza en la Junta Electoral días después de cada proceso electoral, que habitualmente es de trámite y que, según testigos presenciales, se convirtió en un ejercicio de fuerza debido a la actitud de los integrantes de Vox.
Los problemas llegaron primero con el escrutinio de los votos de los residentes españoles en el extranjero, que requirieron de cuatro horas para poder tenerlos todos contabilizados, y después con el recuento final de las elecciones generales y autonómicas celebradas del pasado domingo, 28 de abril.
Exceso de celo
El celo excesivo con que los componentes de Vox estaban tratando de aplicar al recuento obligó al personal de la Junta Electoral, ubicada en la Audiencia Provincial, a llamar al orden a los militantes de la formación ultra, encabezados por el teniente general del Ejército del Aire, ya retirado, Manuel Mestre Barea, su cabeza de lista al Congreso por Alicante.
El militar, que ya es diputado electo a la Cámara Baja, protagonizó un episodio bronco con el juez, que en un momento dado, le pedido que depusiera su actitud y que se sentara en la sala.
En presencia del resto de interventores de otras formaciones políticas como el PSOE, PP, y Podemos, los militantes de Vox obligaron a abrir sobre por sobre todo el material recogida la madrugada del pasado domingo al lunes, aunque no hubiese ninguna impugnación presentada en esas mesas electorales.
Algunos de los componentes de la formación ultra, según testigos presenciales, increparon a funcionarios de la Audiencia y su comportamiento rozó la «agresividad». Una tensión que se prolongó varias horas.
Uno de los presentes, el interventor del PP y próximo diputado autonómico popular, Adrián Ballester aseguró el miércoles que «la actitud de Vox dista mucho de la de un demócrata y más de lo que se espera un representante público». Ballester criticó a la formación ultra porque «no se puede poner en duda la profesionalidad de las personas que trabajan en la Administración Electoral».
Puestos en contacto con la dirección provincial de Vox, nadie del partido quiso hacer declaraciones a este periódico.
