La Fiscalía Anticorrupción basa la imputación de malversación a Iñaki Urdangarin en el hecho de que, como presidente del Instituto Nóos, entidad supuestamente sin ánimo de lucro, encargó trabajos a sociedades de su propiedad, con lo que "se subcontrata a sí mismo".

Así lo asegura la Fiscalía en un informe fechado el pasado 2 de noviembre, al que ha tenido acceso Efe, en el que se detallan los "indicios incriminatorios" contra el duque de Palma a partir de dos facturas emitidas por el Instituto Nóos el 25 de septiembre de 2005 y el 25 de noviembre de 2006 a favor de Nóos Consultoría y de la inmobiliaria Aizoon, respectivamente.

En el escrito, Anticorrupción recuerda que Urdangarin fue presidente del Instituto Nóos entre el 28 de noviembre de 2004 y el 14 de junio de 2006 y "copropietario" de la mercantil Nóos Consultoría Estratégica, que según las investigaciones recibió de la primera entidad 828.240 euros en 2004, 1.218.000 euros en 2005 y 92.800 euros en 2006.

Sin embargo, "los únicos conceptos conocidos hasta la fecha en base a los cuales" Nóos Consultoría Estratégica percibió fondos del Instituto Nóos son los que corresponden a las facturas antes citadas, emitidas con ocasión de los convenios firmados con el Gobierno balear para organizar un foro deportivo.

La primera, en concepto de "Diseño y dirección del proyecto", es "muy significativa", según el fiscal Pedro Horrach, dado que el Instituto Nóos se presentaba como una entidad que reunía "un importante número de expertos internacionales en estrategias de patrocinio y rentabilización del hecho deportivo y organización de grandes eventos deportivos".

"¿Por qué, entonces, tiene que subcontratar a Nóos Consultoría para precisamente diseñar y dirigir el proyecto?", se pregunta Horrach, que concluye que "si resulta que lo que es objeto principal del convenio (...) es objeto de subcontratación, significa que la entidad adjudicataria del convenio no tiene las cualidades o características específicas" requeridas para llevarlo a cabo.

Por tanto, Urdangarin y Torres, como presidente y gerente del Instituto Nóos, "se subcontratan a sí mismos" para desarrollar una labor encomendada a esta entidad, "aparentemente una asociación sin ánimo de lucro", aunque "lo que deriva de esa subcontratación (...) es precisamente la concurrencia de un ánimo desmedido de lucro".

El fiscal también se pregunta por qué el Instituto Nóos abonó en 2005 a Nóos Consultoría 1.218.000 euros si su actividad ese año se centró básicamente en organizar sendos congresos en Valencia y en Palma y la mercantil ya cobró 145.000 euros por el "diseño y dirección del proyecto" de este último.

"Se trata de una cantidad de dinero muy significativa y muy difícilmente puede encontrarse una explicación lógica y legítima a dicho traspaso de fondos", concluye Horrach.

La segunda factura analizada fue emitida a favor de Aizoon -propiedad de Urdangarin y de su esposa, la infanta Cristina- por "Gestión de la logística del IB Forum" por un importe de 116.000 euros y, según el fiscal, es "el único concepto conocido hasta la fecha" por el que la inmobiliaria percibió fondos del Instituto Nóos.

El fiscal dice, sin embargo, que "si por logística se entiende la coordinación y gestión de los viajes y estancia de los asistentes al congreso (...), dicha labor la desarrollaban los empleados del Instituto Nóos", según han declarado varios testigos, por lo que "el concepto de esta factura aparentemente no corresponde a la realidad".

"Volvemos a encontrarnos que el presidente del Instituto Nóos se subcontrata a sí mismo", dice Horrach.

El fiscal, por último, hace un cálculo de las cantidades percibidas por Urdangarin y Torres y concluye "indiciario de la malversación" que la suma de las facturas cobradas por Nóos Consultoría y Aizoon represente "aproximadamente un 60 por ciento del coste real del evento", que cifra en 446.057,96 euros.

El Gobierno balear, sin embargo, pagó 1.200.000 euros por la primera edición del foro deportivo, por lo que el fiscal calcula que, en realidad, los dirigentes del Instituto Nóos obtuvieron una cantidad que supone "un 170 por ciento del coste real".