El Consejo de Ministros ha acordado continuar la extradición a Argentina del exinspector Juan Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', y del ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, reclamados por las autoridades de ese país por torturas que habrían cometido en los últimos años del franquismo.
La extradición la pidió la jueza argentina María Servini a raíz de una querella contra ellos por homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, torturas y sustracción de menores (lo que aludiría a la trama de los bebés robados) durante la época franquista.
El Ministerio de Justicia ha informado de que la petición de extradición argentina llegó a España el pasado día 18 y se dirigía contra estas dos personas y otras dos que aparecían en la querella: el exescolta del general Francisco Franco Celso Galván Abascal y el excomisario José Ignacio Giralte.
Sin embargo, la reclamación respecto a estos dos últimos fue archivada por fallecimiento por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional del juez Pablo Ruz, a quien correspondió tramitar la petición.
Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, de 67 años, está reclamado por un delito de torturas que habría cometido sobre trece personas durante el tiempo en que estuvieron detenidas entre 1971 y 1975.
Billy el Niño, que aparece hasta en 17 querellas del franquismo por delitos de torturas, fue citado a declarar en los procesos por el asesinato de los abogados de Atocha y en juicios relacionados con grupos paramilitares antiterroristas, así como condenado por malos tratos, pero se benefició de la ley de Amnistía de 1977.
Muñecas Aguilar, excapitán de la Guardia Civil de 77 años, fue condenado a cinco años de cárcel por rebelión militar y expulsado del cuerpo por su participación en el golpe de Estado del 23-F de 1981.
La reclamación contra Muñecas Aguilar también se basa en un delito de torturas, pero, en concreto, las que habría cometido contra Andoni Arrizabalaga durante el tiempo en el que estuvo arrestado en el cuartel de la Guardia Civil de Zarauz (Guipúzcoa).
Ruz estaba a la espera de la petición de extradición por parte de Argentina y decidió no dictar una orden de arresto contra ellos después de recibir un informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que no veía "necesaria" su detención preventiva pedida por la Interpol y cursada por la jueza Servini.
La juez argentina decretó el pasado 18 de septiembre la orden de busca y captura contra los cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas supuestamente involucrados en delitos de represión durante el franquismo.
La resolución de la juez, de 200 páginas, reclamaba su detención para tomarles declaración indagatoria e incluía un exhorto al Gobierno español para colaborar en su localización.
Entre los argumentos de su decisión, adoptada en el marco de la causa abierta en Argentina en 2010 por "delitos de genocidio y/o lesa humanidad" cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, la juez retomaba informes de Amnistía Internacional sobre los crímenes del franquismo, el testimonio del exjuez Baltasar Garzón y las declaraciones de las víctimas y de sus familiares.
La orden de búsqueda y captura cursada por Servini, emplazada dentro de su investigación por la que querella presentada en Argentina por asociaciones de víctimas del franquismo, supuso una decisión sin precedentes que obedece al principio de justicia universal.
