08 de julio de 2020
08.07.2020
Levante-emv
Bienes culturales

Aragón pide al Supremo que rechace los recursos de Cataluña por los bienes de Sijena

Considera que el continente y el contenido de estos monumentos constituyen un "tesoro indivisible"

08.07.2020 | 12:04
Monasterio de Sijena, en una imagen de archivo.

Los representantes legales del Gobierno aragonés y del Ayuntamiento de Sijena (Huesca) han solicitado al Tribunal Supremo que rechace los recursos presentados desde Cataluña contra la sentencia que declaró nulas las ventas de 97 piezas del tesoro histórico artístico del Monasterio del municipio y y ordenó su devolución.

La iniciativa de los letrados de la parte aragonesa se produce en respuesta a la admisión a trámite en el Supremo de los recursos de casación interpuestos por la Generalitat, Museo Nacional de Arte de Cataluña y Consorcio del Museo de Lérida contra la sentencia de la Audiencia de Huesca de noviembre de 2017 que abrió el camino al retorno de las piezas al cenobio.

En sus respectivos escritos, a los que ha tenido acceso Efe, el letrado del Ejecutivo aragonés, Alberto Jimeno, y el de Sijena, Jorge Español, rechazan uno a uno los argumentos de los recurrentes, que insisten en que el litigio sea visto por tribunales catalanes de lo contencioso en lugar de los juzgados civiles de Huesca que lo resolvieron.

En relación con este punto, ambos letrados señalan que el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales del Supremo ya se pronunciaron tiempo atrás a favor de la competencia de los juzgados civiles oscenses que resolvieron el caso.

Además, consideran "absurdo" que la parte catalana vuelva a cuestionar la legitimación del Gobierno aragonés y del Ayuntamiento de Sijena para reclamar los bienes de monasterio, y se presente al tiempo como "defensora" de la integridad del patrimonio cultural del monasterio.

Los letrados aragoneses rechazan, asimismo, los argumentos de sus homólogos en Cataluña para tratar de poner en cuestión uno de los principales argumentos utilizados durante la vista para reclamar la propiedad de las piezas, la indivisibilidad de los monumentos nacionales.

Frente a la posición catalana, que defiende que los bienes del Monasterio de Sijena, monumento nacional desde 1923, podían ser vendidos, los abogados de la parte aragonesa se refieren a sentencias tanto del Constitucional como el Supremo que avalan que tanto el continente como el contenido de estos monumentos constituyen un "tesoro indivisible".

Un principio, señalan estos letrados en sus escritos, reconocido, además, por tribunales de Francia, Italia, Bélgica, Gran Bretaña o Portugal.

También consideran "absurdo" el planteamiento hecho por las instituciones catalanas en sus recursos al entender que el mismo juez que decretó la nulidad de las ventas debió de ordenar al tiempo que Cataluña siguiera ostentando la posesión de dichos bienes, sin devolverlos a sus propietarios.

Los letrados aragonesas ironizan, por otra parte, en torno a la "torpeza" de la parte catalana al quejarse en sus recursos de la falta de pago de las piezas ya devueltas, a pesar de que la Audiencia de Huesca reveló, tras el estudio de la documentación aportada, que la Generalitat no llegó a efectuar ningún pago.

Según ha asegurado a Efe Jorge Español en relación con este punto, "era la Generalitat quien tenía el deber de probar que pagó el precio y, no sólo no ha presentado documento de pago alguno, sino que de los documentos presentados se demuestra claramente que nunca llegó a pagar el precio de la venta".

En opinión de los letrados aragoneses, según recogen sus respectivos escritos ante el Supremo, las supuestas ventas de los bienes de Sijena responden a una "estrategia" urdida entre la Generalitat y el Obispado de Lérida para tratar de eludir tanto las sentencias eclesiásticas que ordenaron su devolución como las de los tribunales civiles.

Español ha lamentado la insistencia de las administraciones catalanas afectadas en argumentar que las sentencias que ordenaron la devolución de los bienes de Sijena no eran una "acción de justicia", sino consecuencia de la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Las piezas no devueltas se sacaron en diciembre de 2017 con el apoyo de la Guardia Civil del Museo de Lérida, ante la negativa de la Generalitat a cumplir con la orden judicial de ejecución de la sentencia.

Una negativa, por otra parte, que conllevó el encausamiento penal por un delito de desobediencia contra el exconsejero de Cultura de la Generalitat Santi Vila, y su sucesor en el cargo, Lluis Puig, huido de la justicia española durante el "procés" de Cataluña.

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