El Gobierno decreta el estado de alarma en Madrid

En palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, Ayuso "decidió no hacer nada" para frenar la curva de contagios del virus y agotó al Ejecutivo. "La paciencia tiene un límite", dijo Illa en la rueda de prensa donde dio cuenta de los detalles del decreto. El Ejecutivo central cree que será suficiente con que la alarma esté vigente dos semanas (las eventuales prórrogas habrán de ser autorizadas por el Congreso). El real decreto con las medidas se envió automáticamente al 'Boletín Oficial del Estado' y se publicó en un número extraordinario a las 16.48 horas. La entrada en vigor se produjo en ese mismo instante. El objetivo era evitar la salida de decenas de madrileños con motivo del Puente del Pilar.

Este segundo despliegue del instrumento constitucional no tiene nada que ver con el primero, el del 14 de marzo, el de la primera oleada del coronavirus, pues no supone un confinamiento domiciliario: está concebido para dar otro paraguas legal más firme a las medidas que estuvieron en vigor una semana y que implicaban la limitación de la movilidad en la capital de España y en otros nueve municipios de la región. Ahora ya no serán diez ciudades, sino una menos, nueve: Madrid, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. Sale de la lista Alcalá de Henares, porque su incidencia acumulada ha bajado el umbral de 500 positivos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El Ejecutivo desplegó inmediatamente más de 7.000 policías y guardias civiles en los accesos a esas localidades para impedir la entrada y salida de ciudadanos.

Lo que hace es Ejecutivo es cambiar de paraguas legal tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anuló, este jueves, la orden de la Comunidad de Madrid que trasponía el acuerdo mayoritario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) adoptado el 30 de septiembre. Para evitar una estampida de ciudadanos de cara al puente del 12 de octubre y para lograr "doblegar la curva", el Gobierno se sentía compelido a actuar a la vista de que la presidenta, que insistió en su estrategia de confinar solo zonas básicas de salud, decidió "no hacer nada". Pero el real decreto de alarma [aquí en PDF], insistió Illa, contiene "las mismas medidas" que ya estaban en vigor en la región desde hace una semana. "Todo sigue igual. Ni una norma más ni una menos. Lo que varía es la forma jurídica". La alarma, a la que de hecho ya apuntó el TSJM, es un instrumento más sólido y ejecutivo.

De esta manera, además del cierre perimetral de nueve ciudades —irán saliendo municipios de esa lista por decisión del Consejo de Ministros conforme vaya remitiendo la epidemia en ellos—, en toda la región se prohibirán los grupos de seis personas o más (excepto convivientes o en ambientes específicos), se limitan los aforos al 50% y con hora máxima de cierre a las 22.00 en el comercio; en hostelería, el aforo se reduce a la mitad en interiores y se permite hasta el 60% en terrazas y la persiana habrá de echarse a las once de la noche; se prohíbe el consumo en barra; se limita el aforo en lugares de culto a un tercio y en los velatorios solo podrá haber 10 personas en interiores y 15 en exteriores.

Estas son, por tanto, las principales medidas de un decreto que designa a todo el Gobierno como autoridad competente, por encima de Ayuso. En marzo, lo era también y, por delegación, los titulares de Sanidad, Defensa, Interior y Transportes, y luego ya Illa en solitario, que retuvo el polémico mando único sanitario hasta la fase 3 de desescalada. Según incidió el ministro, la alarma solo es un "instrumento para dar cobertura" a las medidas en vigor y que decaían con el fallo del TSJM. Aquellos que incumplan las restricciones se enfrentarán a multas, aunque se aplicarán con "proporcionalidad" porque el decreto no tiene "afán recaudatorio", sino "proteger la salud pública", según expresó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que acompañó a Illa en la comparecencia en la Moncloa.

La mañana fue intensa en cuanto a gestiones, pero la decisión estaba ya cantada desde este jueves por la noche, cuando el Ejecutivo intentó mantener una reunión con el Gobierno regional después de que el TSJM tumbara la orden que suponía el cierre perimetral de la capital y de otros nueve municipios, en vigor desde hace una semana. El presidente ya le expuso en la noche del jueves a Ayuso, en conversación telefónica, que o bien ella misma dictaba una orden con las mismas medidas vigentes para cerrar Madrid —cuestión clave a las puertas del puente del 12 de octubre, para evitar la estampida de ciudadanos a otros puntos del país—, o bien solicitaba la Comunidad la declaración del estado de alarma o bien lo decretaba el Ejecutivo sin su concurso. Finalmente, esta última es la opción que salió adelante. Una alarma impuesta.

El Gobierno autonómico estuvo demorando la toma de decisión. Desde la Moncloa explicaron que Sánchez le dijo a Ayuso que "por cortesía" aceptaba atrasar el Consejo de Ministros extraordinario de las 8.30 a las 12.00. Pero ella, en ese margen de tiempo, no le telefoneó. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, incluso se puso en contacto a mediodía con el vicepresidente regional, Ignacio Aguado (Cs), para comunicarle que acababa de empezar la reunión del Consejo de Ministros, presidida por ella misma, y trasladarle que Ayuso no había hablado aún con Sánchez, que desde primera hora estaba en Barcelona, por su viaje institucional con el Rey.

"La respuesta fue no"

Fue justo después, con el Consejo ya en marcha, cuando se produjo la llamada de la dirigente del PP al líder socialista, y ella le pidió "más tiempo", según indicaron fuentes de la Moncloa. Pero Sánchez subrayó que ya era tarde, y que la prioridad es "proteger la salud pública". Entonces, el presidente le comunicó que no había más margen y que el Consejo decretaría la alarma, como así ocurrió, aunque ambos acordaron que en los próximos 15 días seguirán hablando de distintos escenarios. Pero la versión del Gobierno de Ayuso era otra: que Sánchez se "negó a a negociar la orden de la Comunidad de Madrid", que insistía en el confinamiento de zonas básicas de salud, una medida que a la Moncloa y a Sanidad siempre le pareció insuficiente y confusa.

En la conversación telefónica, el presidente pidió la dirigente conservadora que apoyara la declaración del estado de alarma. "La respuesta de Díaz Ayuso ha sido no", puntualizaron desde la Moncloa. El Consejo siguió su curso y acabó muy cerca de las dos de la tarde.

Durante la rueda de prensa, Illa se preocupó en hacer un relato de lo ocurrido, para justificar por qué se había llegado hasta este punto del choque. Desde que Aguado lanzó la voz de alarma —no era casual ese recordatorio, porque el dirigente de Cs sí ha confrontado más con el criterio de su jefa, sin romper con ella—, hasta la reunión de Sánchez y Ayuso en Sol, hasta la adopción de medidas drásticas después de que el Ejecutivo regional se negara a asumir las "recomendaciones" de Sanidad.

"El Gobierno ha querido llegar a un acuerdo", insistió el ministro, cargando la responsabilidad del choque a la presidenta. Y esta, tras el último apremio de Sánchez y su conversación de este viernes, "ha decidido no hacer nada". Illa dio algunos datos para ilustrar la emergencia sanitaria en la región con peores registros de covid de toda Europa: en la última semana han fallecido 63 personas, hay 3.361 hospitalizados, 498 ingresados en las ucis. "Podemos cruzarnos de brazos o podemos frenar al virus. La obligación de este Gobierno, y de cualquier Gobierno con alma, es frenar al virus, doblegando la curva de contagios, y protegiendo a los madrileños y al resto de españoles, aunque suponga algunos sacrificios".

El titular de Sanidad, habitualmente prudente en sus declaraciones públicas, disparó misiles contra Ayuso para argumentar una intervención que se podía vislumbrar desde hace meses, dado el grado de choque entre las dos administraciones. Así, recordó cómo, en la Comunidad, no hay brotes de coronavirus, sino una "transmisión comunitaria", cómo la atención sanitaria "corre el riesgo de verse desbordada", cómo la epidemia está fuera de control "y aún no estamos en invierno", cómo en otras ciudades europeas, como Berlín, París o Londres se han adoptado medidas de contención con índices de contagio mucho menores. "En política, el 99% de los temas son discutibles, pero siempre hay un 1% que no es discutible, y proteger la salud de los madrileños es realmente indiscutible, y que hay transmisión comunitaria en Madrid también lo es".

Las reformas legales

Illa recordó que la autonomía acumula 258.767 contagiados con confirmación de prueba PCR, y el 70% de los casos se han detectado desde el 1 de julio. En estos mismos meses, han fallecido 1.209 personas, y en los hospitales la situación es "difícil" para los pacientes y para los sanitarios (1.458 infectados desde mayo). "La paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver. Hay que tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y evitar que esta situación se propague a otras comunidades autónomas". Esa pretensión es la que "mueve" al Gobierno, insistió, intentando hacer ver que no hay una disputa política detrás, como sostiene Ayuso. "Es indiscutible que no podíamos no actuar", reforzó.

El Gobierno cree que tendrá suficiente con estos 15 días de alarma que le permite la Constitución sin tener que acudir al Congreso. La razón es que el cierre perimetral lleva en marcha una semana y el real decreto de este viernes aporta otras dos más, por lo que Sanidad estima que en estos 21 días totales será posible "estabilizar" la curva y comenzar a doblegarla. Desde ese momento, habrá que echar mano, dijo Illa, de la ley orgánica 3/1986 para continuar luchando contra el virus, sin necesidad de la alarma.

El objetivo de Sanidad no es llevar la incidencia acumulada por debajo del umbral de 500 positivos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, sino situarse en el entorno de 100-150. Este viernes, 177 de las 286 zonas básicas de salud de la región tenían una incidencia superior a 500. O sea, que seis de cada 10 zonas de salud registran un nivel de contagios por encima del umbral acordado, que ya es muy alto.

A las críticas constantes de que el Gobierno no ha hecho sus deberes y no ha reforzado la legislación, el ministro insistió en que el Ejecutivo "sí ha tomado medidas". Y una de ellas es la reforma de la ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que hace que las autonomías tengan que recurrir a su TSJ respectivo (y no a un juzgado menor) para obtener la ratificación de las restricciones y facilitar su puesta en marcha. La estrategia jurídica del Gobierno "ha dado resultados", y lo prueba, añadió, que otras comunidades han dictado medidas y no se han topado con problemas.

El ministro apuntó que le habría gustado llegar a un "acuerdo" con Madrid, pero no fue posible. Y no hay otra. No hay más salida que el confinamiento, siguiendo, dijo, la evidencia científica. Se probó en la primera ola "y ha funcionado".

La triquiñuela legal de Ayuso

El Ejecutivo viene deslizando en las últimas horas que Isabel Díaz Ayuso buscó en realidad que el TSJM no ratificara las restricciones. Salvador Illa verbalizó que hasta en siete ocasiones la Comunidad de Madrid se ha dirigido a los tribunales para pedir la conformidad judicial, y en seis obtuvo ese pronunciamiento favorable, en las seis en las que dictó las órdenes en virtud de la ley orgánica 3/1986, de medidas especiales en materia de salud pública.

Pero en esta última ocasión, el Gobierno autonómico simplemente aludió al paraguas del artículo 65 de la ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud, recientemente reformado, que permite al ministro de Sanidad declarar actuaciones coordinadas en salud pública aprobadas por el CISNS. Sin embargo, otras comunidades han adoptado limitaciones similares invocando la ley orgánica 3/1986 —de mayor rango jurídico— y no se han encontrado problemas. Este mismo viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratificó el confinamiento de León, Palencia y San Andrés del Rabanedo porque la Junta había adoptado las medidas al amparo de la ley de 1986. "Estamos donde estamos porque algunos han querido estar aquí", deslizó el ministro, haciendo ver que Ayuso había buscado que el TSJM no respaldase unas medidas en las que no creía y que de hecho recurrió ante la Audiencia Nacional. Y ese auto del TSJM es el que ha provocado la alarma, según esgrime el Gobierno.