El Gobierno ha enviado a las administraciones una propuesta de protocolo para la gestión provisional del pazo de Meirás hasta que la Justicia establezca de forma definitiva la titularidad de este inmueble, que el Juzgado de primera instancia y la Audiencia Provincial consideran propiedad estatal. Este convenio interadministrativo, que todavía no es definitivo, deja en manos del Ministerio de Cultura la organización y coordinación del régimen de visitas del pazo y encomienda al Concello de Sada el establecimiento de las medidas de acceso y disfrute de los jardines y la gestión de su seguridad, conservación y mantenimiento.

El Gobierno propone que la Xunta de Galicia asuma “las obligaciones que le corresponden en virtud de la declaración del pazo de Meirás como Bien de Interés Cultural” y que incluya en sus programas de dinamización cultural “las actuaciones de promoción y difusión que se determinen por la comisión técnica”, que deben estar relacionadas con la “destacada importancia [de este inmueble] como lugar de memoria” ligado a las figuras de Emilia Pardo Bazán y al dictador Francisco Franco.

La Diputación, según este protocolo, colaborará en las actividades de promoción cultural y se responsabilizará, en particular, de las “publicaciones que se determinen a través de su servicio de imprenta”. El Ayuntamiento de A Coruña se encargará de las “actividades de difusión de los trabajos que se desarrollen dentro del plan de actuaciones”.

La Administración General del Estado asume la custodia, vigilancia y conservación de este bien y el compromiso “de no realizar obras que alteren el aspecto externo, la fachada del inmueble o su distribución interna ni aquellas que excedan de su mero mantenimiento”. El Estado se reserva el derecho de autorizar cualquier actividad que se desarrolle en el pazo y se compromete a “asumir la gestión cultural” de este espacio una vez que finalicen los trabajos de acondicionamiento.

Todas las administraciones estarán representadas en la comisión técnica para coordinar las actuaciones y proponer y aprobar las actividades a realizar en As Torres.

El protocolo recoge que las administraciones contarán con el asesoramiento de expertos para analizar y abordar los futuros usos del inmueble. Como ya informó este diario, este comité estará formado por Xosé Manuel Núñez Seixas, Ángel Manuel Rodríguez Blanco, Manuel Regueiro (a propuesta del Estado); Ramón Villares e Isabel Burdiel (Xunta); Carlos Babío y Emilio Grandío (Diputación); Manuel Pérez Lorenzo (Sada); José Alfeirán (A Coruña); Marilar Aleixandre (Real Academia Galega) y Rebeca Blanco Rotea (Consello da Cultura Galega).

El protocolo todavía no es definitivo y las administraciones pueden presentar sus sugerencias. A consulta de este diario, el alcalde de Sada, Benito Portela, avanzó que pedirá participación en la gestión de las visitas, que se concretará, en su caso, en un convenio específico. El Ayuntamiento sadense solicitará además que el Estado se comprometa en esta protocolo a aportar fondos para la conservación, mantenimiento y seguridad de los jardines y que el documento recoja las “competencias en materia del régimen urbanístico, de usos, cultura y turismo que ostenta el Concello”. Portela demanda también que el convenio incluya la transferencia del inmueble a la Xunta en caso de que la Justicia fije de forma definitiva que el pazo es patrimonio público.

A la espera de que el BIC incluya los bienes

La negociación de este protocolo de apertura del pazo coincide con las gestiones judiciales y administrativas para evitar que los herederos del dictador Francisco Franco retiren todos los bienes muebles. Las administraciones maniobran contra reloj para intentar frenar el vaciado de As Torres tras la diligencia que da luz verde a los hermanos Martínez Bordiu a retirar todos los bienes muebles. Como ya informó este diario, el Gobierno y el Concello de Sada han presentado sendos incidentes de ejecución para que el juzgado concrete qué elementos deben permanecer en Meirás. Estas dos administraciones, la Xunta, la Diputación y el Ayuntamiento de A Coruña han recurrido además la diligencia que daba treinta días a los Franco para hacer la mudanza. El Gobierno insta a la Xunta a modificar por la vía de urgencia el decreto por el que se declaró Bien de Interés Cultural el pazo de Meirás para incluir un anexo con los bienes asociados a este sitio histórico. Esta medida, reclamada insistentemente desde hace meses por el Ayuntamiento sadense, no supone en ningún caso un reconocimiento de titularidad, pero obligaría a los Franco a solicitar autorización autonómica para su traslado y, aun en el caso de que fuese otorgada, permitiría a la Administración hacer un seguimiento. El Gobierno gallego se negó inicialmente a realizar este trámite alegando, en contra del parecer de la oposición y de otras administraciones, que era competencia del Estado, que ostenta actualmente la titularidad del inmueble, aunque de forma provisional. La Consellería de Cultura se brindó posteriormente a incoar el expediente pero previa firma de un convenio con el Estado, una opción sobre la que no se pronuncia el Gobierno, que se ha limitado a instar a Xunta a realizar el cambio.