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La lucha contra el olvido

Las 10 claves de la nueva ley de memoria democrática

La norma que aprueba el Consejo de Ministros abre la puerta a ilegalizar la Fundación Franco y declarar ilegítimos los juicios del franquismo

El Valle de los Caídos.

El Valle de los Caídos.

La nueva ley de Memoria Democrática echará a andar este martes. Tras varios años de trabajos, el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de ley que tendrá que superar después su tramitación parlamentaria. En los últimos meses, la norma ha dado de qué hablar. Se ilegaliza la Fundación Franco, pero ¿cómo?. Se resignifica el Valle de los Caídos y ¿qué va a ocurrir?. Se declaran nulos los juicios del franquismo, ¿incluido el de Lluís Companys?. A continuación desgranamos el texto final, al que ha tenido acceso este periódico.

Ilegalizar la Fundación Franco

La norma elaborada por el Ejecutivo establece la extinción de todas aquellas fundaciones y asociaciones que hagan "apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, -esta coletilla se introdujo tras el informe crítico del Consejo General del Poder Judicial- o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales". Por lo tanto, la Fundación Francisco Franco será ilegalizada.

Nulidad de las condenas del franquismo

En su artículo 4, la ley de Memoria Democrática establece el "carácter radicalmente nulo de todas las condenas" producidas por razones ideológicas, políticas, de conciencia y religiosas durante la dictadura. Además, se declaran la "ilegitimidad" de los tribunales del franquismo. Esto incluye, entre muchas otras, la sentencia al 'president' de la Generalitat Lluís Companys, de cuyo fusilamiento se cumplieron 80 años el pasado 15 de octubre.

Un Fiscal de Sala especializado

Se creará un Fiscal de Sala que se encargará de la investigación de los hechos que "constituyan violaciones de Derecho Internacional y de los derechos humanos". Su función será indagar en las violaciones de estos derechos "ocurridas con ocasión de la Guerra y la Dictadura, así como el periodo que va desde la muerte del dictador hasta la entrada en vigor de la Constitución Española". Además, "tendrá las funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados".

Establece un régimen sancionador

La norma establece un régimen sancionador con multas que van desde los 200 a los 150.000 euros, dependiendo de la graves. Entre las infracciones consideradas muy graves está el traslado de los restos de las víctimas sin autorización; la destrucción de fosas; la convocatoria de actos que exalten la dictadura con "descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas; o la falta de adopción de medidas para impedir estos actos. Se consideran graves las excavaciones en fosas sin autorización o el no informar a las autoridades del hallazgo de resto de víctimas.

Dos fechas conmemorativas

El Gobierno pretende establecer dos días de conmemoración a las víctimas de la Guerra civil y de la dictadura. Por un lado, el 31 de octubre se declarará "día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura", coincidiendo con el aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978. Por otro lado, el 8 de mayo será para recordar "a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio como consecuencia de la Guerra y la Dictadura". En esta fecha, en el que se celebra el Día de la Victoria por el triunfo de las fuerzas aliadas frente al nacismo, se quiere conmemorar la participación de antifascista españoles en la II Guerra Mundial.

El futuro del Valle de los Caídos

Se "resignificará" el Valle de los Caídos, convirtiéndolo en un cementerio civil en el que estarán prohibidos "actos de naturaleza política" y de exaltación del franquismo. Además, se reubicarán los restos mortales de todos aquellos que no fallecieron a consecuencia de la Guerra Civil, por lo que se trasladará el cuerpo del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Además, se extinguirá la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos porque los fines de la orden benedictina resultan "incompatibles con los valores constitucionales" y se redactará un real decreto para establecer el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de los Caídos.

Búsqueda de desaparecidos

Se asume que la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura corresponderá a la Administración General del Estado (y no a las entidades memorialistas), "sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas relacionadas con dicha actividad, reforzando la colaboración entre las mismas". En su artículo 18 compendia y unifica el mandato a las administraciones de actuar de oficio en el plazo de seis meses ante la búsqueda de un desaparecido a instancias de "la persona que fue cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus descendientes, sus ascendientes y sus colaterales hasta el cuarto grado; las entidades memorialistas y las asociaciones de familiares de víctimas".

Retirada de medallas

En la norma se detalla la potestad del Ejecutivo para retirar la concesión de "reconocimiento, honores y distinciones" que comporten exaltación o enaltecimiento del franquismo o que fuera concedidas por "haber formado parte del aparato de represión de la dictadura". Se especifica que su retirada implicará también la pérdida de "todos los derechos anejos a la recompensa, incluso los económicos". En este sentido, se podrá retirar a título póstumo las medallas concedidas a 'Billy El Niño', el policía recientemente  fallecido tras enfermar de Covid.

Concesión de la nacionalidad

En el texto de la norma se establece que podrán solicitar la nacionalidad española a aquellos voluntarios que formaron parte de las Brigadas Internacionales durante la Guerra Civil y a los hijos y nietos de españoles que tuvieron que exiliarse por razones "políticas, ideológicas o de creencia" y que perdieron la nacional. Además, también podrán solicitarlo los hijos e hijas de mujeres que hasta la entrada en vigor de la Constitución perdieron la nacionalidad por casarse con extranjeros.

Reconocimiento del papel de la mujer

El Gobierno recoge en un artículo la obligación de las administraciones de reconocer "el papel activo de las mujeres en la vida intelectual y política, en la promoción, avance y defensa de los valores democráticos y de los derechos fundamentales". En este sentido, se impulsarán programas para conocer las limitaciones específicas que soportaron las mujeres durante la Guerra Civil y el franquismo y se impulsarán las medidas necesarias para "reparar las formas especiales de represión o violencia" que sufrieron.

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