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Unidas Podemos

Podemos se lía ahora con la sustitución de Alberto Rodríguez en el Congreso

El exdiputado pide al Supremo la suspensión temporal de su condena de inhabilitación

Alberto Rodríguez.

La Junta Electoral Central (JEC) iniciará este miércoles los trámites formales para la sustitución de Alberto Rodríguez en el Congreso como diputado por Santa Cruz de Tenerife, pero la formación política a la que corresponde el escaño, Unidas Podemos, todavía no sabe quién lo ocupará finalmente. El embrollo jurídico en torno a la interpretación de esa sentencia y su ejecución práctica por parte de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se traslada ahora a la operación misma de sustitución ya que la persona a la que le corresponde ocupar el escaño, Fátima González Bello, de Izquierda Unida y numero dos de la lista en la provincia occidental de las Islas en las ultimas elecciones generales, no ha confirmado aún su disponibilidad para la sustitución. Rodríguez ha sido condenado por el Tribunal Supremo a un mes y medio de cárcel, que sustituyó por una multa de 540 euros, y a una accesoria de inhabilitación especial de sufragio pasivo por dar una patada a un policía durante unos disturbios en La Laguna en diciembre de 2014.

El coordinador de Izquierda Unida en Canarias, Ramón Trujillo, reconoció este martes que González tenía dudas "por motivos personales" y por su actual "desvinculación de la actividad política" sobre si aceptar o no el escaño. En cualquier caso, no dará una contestación definitiva hasta que se despejen del todo las dudas y los trámites legales en torno a la inhabilitación de Rodríguez. Estos trámites se completarán hoy una vez que la JEC –a la que Batet ya traslado el escrito de ejecución de sentencia y de la pérdida de Rodríguez de su condición de diputado– se dirija este miércoles a González Bello para saber si está dispuesta a ocupar el escaño ahora vacante. Si la militante de IU renuncia, el órgano de vigilancia de la ley electoral preguntará entonces a la número tres de la misma lista electoral, Patricia Mesa, y así sucesivamente hasta que alguien de esa plancha acepte.

La confusión en las filas moradas sobre la persona que se sentará en el escaño que hasta ahora ocupaba Rodríguez tiene que ver, en parte, con el hecho de que algunos sectores de Unidas Podemos plantearon la posibilidad en un primer momento de no ocupar ese asiento en la Cámara baja como gesto de apoyo al diputado inhabilitado y en protesta por el "atropello jurídico" del que consideran que éste ha sido víctima en una doble dimensión: por la sentencia misma y por la decisión de Batet de retirarle el acta sin que la propia sentencia lo contemplara de manera explícita. Esa posibilidad de escaño vacío, que se planteó sobre todo desde Podemos Canarias, fue descartada desde el primer momento por la dirección estatal de la formación y por sus responsables parlamentarios. "Eso sería factible si la coalición de Gobierno sumara una mayoría parlamentaria cercana a la mayoría absoluta, pero no es el caso y sabemos que se van a aprobar leyes por un margen muy estrecho de votos, quizá por un voto en algunas ocasiones", señalan fuentes del grupo morado.

Desde Izquierda Unida en las Islas son conscientes, sin embargo, de la trascendencia que tendría que Fátima González aceptara recoger el acta. Se convertiría en la primera persona de toda la historia de la organización en ocupar un escaño en el Congreso. "Nos hubiera gustado lograr el puesto en las elecciones y que no fuera por esta injusticia que está sufriendo Alberto Rodríguez, que rechazamos, pero obviamente sería muy importante para nosotros estar en el Congreso y trabajar en el seno del grupo de Unidas Podemos por mejorar la vida de las personas desde una óptica canaria de izquierdas", afirma Trujillo. Con todo, deja en manos de la propia afectada la decisión final.

Con todo, el propio Alberto Rodríguez dio este martes un nuevo paso en su batalla judicial contra la inhabilitación, de la mano de los abogados que acaba de contratar, Isabel Elbal y Gonzalo Boye, conocidos por ser los defensores del Carles Puigdemont, presentando ante el Supremo un incidente de ejecución de sentencia pidiendo la suspensión temporal de la misma. Solicita además que, en caso de que no se acepte esta medida, que paralizaría el proceso de inhabilitación, se inste y se advierta a la presidenta del Congreso que proceda a su ejecución en los términos en que viene establecida en la propia sentencia, es decir, "sin que pueda realizar ninguna modificación de la pena impuesta".

Se trata de un intento de que el tribunal sentenciador aclare si el fallo conlleva la pérdida de su condición de diputado y la retirada del acta, tal como interpretó Batet tras recibir el viernes el oficio del presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, en la que se señalaba que la inhabilitación era "obligada" pero sin explicitar que la misma conllevara la pérdida del escaño para el condenado. Esa interpretación por parte de Batet fue este martes avalada por un nuevo informe del secretario general de Congreso, Carlos Gutiérrez, que consideró aplicable en este caso la "inhabilitación sobrevenida", en aplicación del artículo 6 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg).

Estos últimos pasos por ambas parte no ha hecho más que mantener en alto la tensión política entre los dos socios del Gobierno, así como entre estos y los grupos de la oposición PP, Vox y Cs. Podemos insiste en la dimisión de Batet por haber ido más allá de lo que consideran que dice la sentencia sobre la inhabilitación de Rodríguez, pero que evitan respaldar sus socios electorales de IU y de En Común; mientras que Vox pide la reprobación de la ministra de Asuntos Sociales y máxima dirigente de Unidas Podemos, Ione Belarra, por acusar al Supremo de prevaricación. PP y Cs, por su lado, piden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cese de Belarra como ministra por el mismo motivo.

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