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Naufragio

El Gobierno sigue sin mover ficha para bajar al 'Villa de Pitanxo' dos meses después

La firma viguesa ACSM, que disponía de un buque en febrero para acudir a NAFO, no ha vuelto a ser contactada | Las familias exigen explicaciones y piden responsabilidades

Un buque de ACSM, desplegando un ROV. | ACSM

El 'Villa de Pitanxo', pesquero de Marín, se hundió el pasado 15 de febrero en aguas frente a Terranova, Canadá. Dejó 21 fallecidos de los 24 tripulantes que componían la tripulación. La semana siguiente al naufragio, con la opinión pública todavía conmocionada por lo sucedido, Salvamento Marítimo consultaba a sus más estrechos colaboradores la posibilidad de acudir a la zona del naufragio. La idea inicial era la de bajar, localizar el buque e intentar dar con alguno de los 12 hombres que todavía hoy siguen desaparecidos. La principal compañía contactada fue la viguesa ACSM, especializada en trabajos offshore para petroleras o empresas energéticas y habituada a la utilización de robots submarinos (ROV) de gran capacidad. En aquel momento, uno de sus buques, el Artabro, recién salido del astillero, estaba disponible para poder acudir a la zona, si bien las condiciones del mar eran muy difíciles y descender un ROV se haría complicado. Un mes después, la dirección de Salvamento trasladaba a las familias de los fallecidos un documento, sin fecha ni firma, en el que descartaba cualquier rescate de los cuerpos por razones técnicas, aludiendo a la zona geográfica, la profundidad (unos 1.000 metros) y a la imposibilidad de meter un robot. Conscientes de que recuperar a los seres queridos desaparecidos es imposible, las familias llevan semanas reclamando descender al pecio para filmar el barco y recabar todas las pruebas posibles para esclarecer el caso. Dos meses después de aquella primera consulta, Salvamento no se ha vuelto a poner en contacto con la empresa olívica, la única de España capaz de llevar a cabo la maniobra.

El "Artabro", con uno de los ROV. / ACSM

La firma viguesa cuenta con dos buques, el Artabro, adquirido y reformado en 2021, y el Nautilus, comprado en 2018. Con ellos trabaja para el tendido de cable submarino, trabajos de inspección de plataformas, de gestión de tripulaciones... y también para rescate y salvamento. Clave fue su participación, por ejemplo, en la localización en Canarias del cuerpo de Olivia, la menor que desapareció junto a su hermana Anna tras el asesinato a manos de su padre, Tomás Gimeno, desparecido.

A los pocos días del siniestro del Villa de Pitanxo, todas las miradas se centraron en ACSM. También las de Salvamento. España apenas dispone de barcos con capacidad para desplazarse y realizar las labores que se requieren y, aunque así fuera, carecen de ROV para operar a esas profundidades. De hecho, el que tiene Salvamento está operado por ACSM y tiene una capacidad limitada, de unos 1.000 metros de profundidad, con lo que dependiendo de la localización exacta su participación podría resultar inservible. La viguesa, en cambio, dispone de robots que pueden sumergirse a más de 4.000 metros.

Indignación

Las familias, activas en búsqueda de la justicia desde el primer momento, demandan que se baje al arrastrero, sobre todo después de que la justicia apreciase 21 posibles delitos de homicidio por imprudencia y contra los derechos de los trabajadores. Quieren imágenes, ver cómo quedó el barco, en qué posición quedó el aparejo, las maquinillas... Quieren pruebas.

Cronología

1 Hundimiento y consulta

El Villa de Pitanxo se hundió el 15 de febrero y una semana después Salvamento contactó con ACSM para valorar una operación de rescate.

2 Negativa un mes después

Aproximadamente un mes después, Salvamento entregó un documento sin fecha ni firma a los familiares de los fallecidos en el que descartaba la operación de rescate.

3 Dos meses sin mover ficha

Desde entonces, y pese a que las familias piden bajar al barco para filmarlo y recabar pruebas, Salvamento no volvió a contactar con ACSM, única firma española capaz de realizar la operación.


Por ello, su indignación sigue muy latente al saber que no se está moviendo ficha para buscar el pecio. De hecho, en caso de que Salvamento decidiese reactivarlo, las unidades de ACSM están ahora ocupadas con contratos privados. Según los registros satelitales, el Artabro está trabajando en aguas de Islandia y el Nautilus en el Mediterráneo.

A ello se suma el enfado que todavía persiste desde hace un mes entre las familias. Tras una reunión en la subdelegación del Gobierno en Pontevedra, recibieron un documento con el membrete de Salvamento pero sin fecha ni firma en el que se descartaba bajar al buque. “Nadie se quiere hacer responsable”, apunta la portavoz de las familias, María José de Pazo, que en cada intervención recuerda la falta de respuestas por parte de la Administración.

Disconformidad con la decisión del juzgado de Marín

Un grupo de expertos del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima ha mostrado su disconformidad con los razonamientos del Juzgado de Marín (Pontevedra) para que en la víspera declinara asumir la causa por el hundimiento del Villa de Pitanxo. La magistrada rechazó la inhibición acordada por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional al entender que este partido judicial no es el órgano “territorialmente competente”, apuntando a que el más adecuado sería el de Cangas.


Este grupo de expertos, basándose en el RD 800/2011 de 10 de junio que regula la Comisión de Investigación de Siniestros Marítimos, ha alertado en un comunicado sobre los erróneos conceptos argumentados, entre ellos la consideración del caladero de Terranova como aguas internacionales, un hecho que “no se recoge en el Código de Investigación y Prácticas

Recomendadas de la Organización Marítima Internacional ni en el Ordenamiento Jurídico de España”. Para ello, ponen como ejemplo al naufragio del Senefand Uno, en aguas de Dakar, investigado por la CIAIM “precisamente” por tener intereses de consideración españoles, al estar enrolado un tripulante español, con lo que “queda demostrado de forma palmaria, el error de interpretación jurídico”, argumentan.


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