Este lunes se vivió en el Parlamento Europeo un "frenético cruce de llamadas y mensajes" entre los diferentes grupos de la Cámara, confirman a La Opinión de Murcia, del grupo Prensa Ibérica, fuentes de la institución comunitaria. Se trata de algo habitual en votaciones de importancia como esta. Y es que, a partir de las 9 horas, se votan las enmiendas al informe final de la Comisión de Peticiones de la Unión Europea, que vino a la Región de Murcia a principios de año para conocer el estado del Mar Menor.
Salvo sorpresa, el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas apoyará la enmienda de Sira Rego (IU-V) que hace responsable de lo sucedido a la administración regional, "que es la que tiene la mayoría de las competencias necesarias para frenar esta situación".
"Confiamos en el Grupo Socialista porque esta enmienda es fundamental. Es importante señalar a los responsables», manifestó este lunes Rego a esta Redacción. "Hemos trabajado con ellos de forma coordinada y hay bastante acuerdo", añadió.
En su iniciativa, Izquierda Unida-Verdes hace mención al caso Topillo, que investigó la contaminación en la laguna salada. Al hilo, se refiere a la "dejación de responsabilidades" no solo de la Consejería de Agricultura del Gobierno regional, sino también de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). "Los poderes públicos deben velar siempre por la preservación de la laguna» y, por eso mismo, «hace falta presentar enmiendas con más ambición que ayuden a subsanar lo que ha ocurrido", comenta Rego.
Para la eurodiputada del grupo por La Izquierda en la Cámara comunitaria, tan importante es "señalar a la parte política responsable" como "ponerle un nombre a lo sucedido: ecocidio".
No cree que la mención a la CHS, que siempre depende del Gobierno de España, ahora en manos de la coalición PSOE-Unidas Podemos, deba suponer problema. «A estas conclusiones hemos llegado tras estudiar las aportaciones de la comunidad científica, que ha hecho un trabajo exhaustivo e impecable. Confío en que no suponga ningún problema», afirmó la eurodiputada de IU-V.
Evidentemente, el Grupo Parlamentario Popular Europeo quiere evitar que la UE señale al Gobierno regional, liderado por el PP de Fernando López Miras, del ecocidio. Por tanto, su objetivo la mañana de hoy es evitar la aprobación de la enmienda de IU-V.
Sugieren que la Comisión vuelva al Mar Menor en seis meses
La visita de los eurodiputados de febrero de este año y el informe posterior sobre la misión no serán el final del control que la Unión Europea se ha propuesto hacer sobre el Mar Menor tras sus continuos episodios de degradación ambiental.
La Comisión de Peticiones, tal y como reza uno de sus puntos del documento de compromiso (previo al final), «volverá a tratar el asunto en un plazo razonable para evaluar los avances y hacer un seguimiento con las autoridades españolas y la Comisión Europea de las medidas adoptadas para rectificar el estado de la laguna».
Este párrafo también ha sido enmendado por la eurodiputada Sira Rego, de Izquierda Unida-Verdes, ya que considera que es necesario poner un límite al tiempo que ha de transcurrir hasta la próxima visita de esta Comisión de Peticiones. En su opinión, los parlamentarios comunitarios deberían volver a la Región en medio año (ya en 2023), una vez aprobado el informe final para comprobar los avances en las medidas acordadas.
Fuentes de Renew Europe, clave para decantar la balanza a un lado o a otro, aseguran que su posición no ha variado, por lo que votarán a favor de la enmienda que culpará a la administración regional por su "inacción" para proteger el frágil ecosistema del Mar Menor. "Solo nos queda saber qué hará el Partido Socialista, que no ha dado su ‘sí’ definitivo", comentan las mismas fuentes.
Asimismo, en una de sus enmiendas han cerrado el blindaje a la ILP en el texto del informe final, de manera que la UE dejará claro la necesidad de proteger y desarrollar la Ley de Personalidad Jurídica del Mar Menor.
La incógnita
Si bien los socialistas reconocieron la semana pasada a La Opinión que «probablemente» aceptarán el texto de Rigo, ayer a última hora de la tarde explicaban que aún estaban «intentando terminar de definir» su posición sobre esa enmienda "y sobre las otras 102». Hasta el momento de la votación, los socialistas parecen tener en sus manos la aprobación o el rechazo de la enmienda más controvertida para el Gobierno regional.
Su intención, según afirmó el murciano Marcos Ros, es que se mantenga el espíritu original del informe de la Comisión de Peticiones e insistir en la aplicación de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, «que lleva dos años aparcada».
PSOE y Cs, reacios a la propuesta del sector agrícola sobre la ley de la laguna
Los grupos políticos de la Asamblea Regional recibieron ayer por la mañana la propuesta de cinco organizaciones agrícolas (COAG, Asaja, UPA, Fecoam y Proexport) de modificar la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor para rebajar las exigencias ambientales, tal y como adelantó La Opinión de Murcia, del grupo Prensa Ibérica.
El sector busca relajar determinadas limitaciones que, según su opinión, no suponen una verdadera medida de protección para la laguna. Las organizaciones hablan de una «hiperregulación normativa» en la actividad agrícola en el Campo de Cartagena, y ante esto también han reclamado a la Confederación Hidrográfica del Segura que elimine las medidas cautelares que protegen el acuífero cuaternario de la contaminación por nitratos.
La intención del colectivo agrícola es reunirse con cada uno de los partidos políticos en la Asamblea para defender el texto propuesto que modificaría la Ley en caso de que se llevarse a pleno. En total, plantean la modificación o derogación de una decena de artículos de la Ley del Mar Menor.
Tras recibir el documento con la propuesta, el presidente de la Cámara autonómica, Alberto Castillo, lo remitió a las formaciones. Todas han comenzado a estudiar el texto y la mayoría estarían dispuestas a sentarse con el sector para escuchar la propuesta.
Sin embargo, formaciones como el PSOE o Ciudadanos, cuyos dos diputados están integrados en el Grupo Mixto, son claros a la hora de reflejar que la Ley hay que cumplirla y ejecutarla, ya que quedan pasos pendientes por dar. Desde la formación naranja señalan además que su intención no es ni eliminar ni suavizar la norma. En el Partido Popular han empezado a analizar la propuesta y esperan una cita con las organizaciones, aunque no aclaran todavía su posición.
