El Gobierno PP-Vox creará un impuesto 'verde' que compensará las rebajas fiscales

Los impuestos están llamados a ser uno de los ejes fundamentales sobre los que pivotará el mandato que ha iniciado el Gobierno de Aragón hace apenas un mes y medio. Y uno de los principales campos de batalla de la política. Aunque el santo y seña de la nueva coalición gubernamental PP-Vox es la rebaja fiscal, uno de los primeros pasos que ha dado en este ámbito ha sido para la creación de nuevas figuras tributarias. En concreto, para la aplicación de impuestos medioambientales sobre la explotación de parques eólicos y fotovoltaicos en la comunidad autónoma. De esta manera, el recién elegido presidente, el popular Jorge Azcón, da continuidad al desarrollo legislativo del anteproyecto sobre dichos tributos que redactó el anterior Ejecutivo, liderado por el socialista Javier Lambán.

El borrador vio la luz en mayo, a escasas semanas de la celebración de las elecciones autonómicas. Lejos de frenar la iniciativa, la Dirección General de Tributos del Departamento de Hacienda y y Administración Pública, que ahora dirige el consejero Roberto Bermúdez de Castro, acaba de abrir una consulta pública en el portal web de Gobierno Abierto de esta administración para que la ciudadanía pueda participar con carácter previo a la confección del proyecto legislativo, que incluye también una modificación del impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.

El objetivo es recabar la opinión de las personas y organizaciones que pueden verse afectadas por la futura normativa, que se plantea con el propósito de "internalizar los costes sociales y ambientales causados" por las plantas renovables y promover la "reducción del impacto tecnológico" de estas instalaciones, según recoge la documentación de esta consulta pública. Se trata de uno de los trámites preceptivos que marca el procedimiento de elaboración de las normas con rango de ley y reglamentos.

Tres comunidades ya aplican el impuesto eólico

La apertura de este proceso, en los primeros compases de la legislatura, evidencia la voluntad del nuevo Ejecutivo de poner en marcha los impuestos verdes esbozados por el cuatripartito. No son una novedad en el contexto nacional. Hay tres comunidades de distinto color político que los aplican, como son Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha, las dos primeras gobernadas por el PP y la tercera en manos del PSOE. En los tres casos se trata de territorios donde las renovables tienen un gran despliegue, al igual que ocurre en Aragón.

Fuentes de Hacienda eludieron pronunciarse sobre esta medida en materia de fiscalidad medioambiental y se limitaron a señalar que "se está estudiando" la creación de un tributo que recaería sobre las empresas energéticas que explotan las centrales renovables. Aragón es uno de los líderes nacionales de este sector, con una potencia de 5.076 megavatios en operación de eólica y 2.260 de fotovoltaica.

El anteproyecto elaborado por la DGA de Lambán preveía ingresar entre 27 y 31 millones de euros con ambos tributos, una cantidad que permitiría compensar parte del agujero que a priori generarán en las cuentas públicas las rebajas fiscales que Azcón se ha comprometido a aplicar de forma paulatina en esta legislatura. Estas pasan principalmente por recortar el tramo autonómico del IRPF, reducir el impuesto de Sucesiones y Donaciones hasta el mínimo legal e incrementar el mínimo exento del impuesto de Patrimonio (de 400.000 a 700.000 euros).

No cabe duda de que la reforma fiscal que se avecina tendrá un impacto sobre la recaudación que el PSOE ha estimado en la pérdida de unos 200 millones de euros, por lo que los socialistas se aventuran a decir que habrá recortes sociales. Bermúdez de Castro niega la mayor y asegura que ese cálculo es incorrecto –"los datos no sabemos de dónde salen", señaló en una reciente entrevista a este diario–, pero evita revelar por el momento cuál sería la merma tributaria o, visto de otra manera, el ahorro que obtendrán los contribuyentes. Dijo que hay que esperar a conocer los presupuestos para 2024, pero garantizó en cualquier caso la "estabilidad presupuestaria". El nuevo impuesto eólico ayudaría a ello.

Un tercio menos por el impuesto de Patrimonio

El caso del impuesto de Patrimonio es revelador. Se trata de un tributo que pagan el 1% de los aragoneses más acaudalados. En el último ejercicio fiscal fueron 15.787 contribuyentes los que lo abonaron, la cifra más alta desde que en 2011 se reinstauró este gravamen. El número de declarantes ha crecido progresivamente año a año desde que en 2016 se redujo el nivel de exención (a 400.000 euros), un cambio que ahora se quiere revertir aunque no ha habido una fuga de patrimonios por este motivo.

La DGA obtuvo 55,4 millones de recaudación con este impuesto a los ricos, una cifra que se reduciría en torno a un 30% (entre 15 y 20 millones) si la exención vuelve a los 700.000 euros, según los expertos consultados. Pero el recorte ascendería a cerca de 30 millones si también se bonifica "al 100% el patrimonio formado por inversiones en empresas, activos productivos de bienes o servicios generadores de empleo", como recoge el acuerdo de gobernabilidad del PP y Vox. Fuentes de Hacienda declinaron trasladar los cálculos que maneja el Departamento sobre este recorte, pero aseguraron que no será una cantidad "muy relevante" y que su impacto será esclonado a lo largo de la legislatura.

Las rebajas fiscales son uno de los principales compromisos del nuevo Ejecutivo de populares y ultraderechistas, pero Azcón y Bermúdez de Castro han reiterado que eso no afectará a los servicios públicos. Al contrario, prometen que se reforzarán en esta legislatura.

El encargado de hacer esa cuadratura del círculo será el consejero de Hacienda, un político bregado en la Administración central, donde fue secretario de Estado para las Administraciones Territoriales y gestionó la aplicación del 155 frente al desafío independentista en Cataluña. Conoce bien el Pignatelli, pues fue también consejero con Luisa Fernanda Rudi. Las claves de la receta que podría conocerse el próximo miércoles, cuando comparezca en la comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón.