Sánchez arrancará su plan de regeneración por la Justicia

Cuando el pasado lunes salió de su voluntario aislamiento de cinco días para anunciar que a pesar del “acoso” a su mujer había decidido continuar al frente de la Moncloa, Pedro Sánchez dijo que lo ocurrido suponía un “punto y aparte”. Si lo es, el líder socialista no ha dado apenas pistas de por dónde discurrirá el nuevo párrafo de esta convulsa legislatura, que el próximo 12 de mayo estará sometida a otra prueba de infarto con las elecciones catalanas. 

Sánchez no avanzó ninguna medida, más allá de asegurar que iba a “trabajar sin descanso por la regeneración pendiente de la democracia”. El jefe del Ejecutivo quiere tomarse este proyecto con “sosiego”, señalan sus colaboradores. Pero mientras el PSOE empieza a traslucir su malestar por la manera “personalista” con la que su secretario general ha gestionado esta crisis sin precedentes, los socios critican su inacción y el PP le acusa de buscar un “cambio de régimen”, el jefe del Ejecutivo empieza a trazar su plan, que ahora considera una “gran causa nacional”. 

Tiene tres vertientes. La toxicidad del discurso público, la desinformación de los medios dedicados a propagar “bulos” y la politización de la Justicia. De los tres, la lucha contra este último flanco tendrá prioridad. A Sánchez se le está agotando la paciencia con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de actual mayoría conservadora, cuyos miembros llevan más de cinco años con el mandato caducado porque el PP bloquea su renovación. 

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Las iniciativas no serán inmediatas. Las conversaciones con Alberto Núñez Feijóo, a través de la mediación de la Comisión Europea, continúan, al menos formalmente, y en el Gobierno explican que primero quieren que la UE mueva ficha. “A ver cómo acaba. De momento, seguimos sentados en la mesa”, señalan los colaboradores de Sánchez. 

Los obstáculos

Sin embargo, sus esperanzas de que el PP selle un pacto en el organismo de gobierno de los jueces no son altas, y aún menos en la crispada coyuntura actual. Así que el plan b ya se está esbozando. La fórmula que la Moncloa tiene más elaborada pasa por rebajar las mayorías parlamentarias necesarias para los nombramientos en el CGPJ, en la estela de la reforma legal que se presentó en 2021, pasando de los tres quintos actuales a la mayoría absoluta, un movimiento que permitiría la renovación sin el concurso de los conservadores. 

El proyecto presenta dos importantes escollos. Por un lado, los recelos de Bruselas, que ya mostró en su día dudas con iniciativa. Pero en la Moncloa consideran que si la propia Comisión ha sido incapaz de mover al PP, pese a que fue el propio Feijóo quien planteó su mediación, ahora tendrían más legitimidad para encarar la rebaja de las mayorías. 

El segundo obstáculo tiene que ver con el Senado. El PP cuenta en esta legislatura con mayoría absoluta en la Cámara alta, lo que imposibilitaría la renovación incluso con la nueva fórmula si los populares no cambian de actitud. Varios socios, entre ellos Podemos, presionan para que en la futura modificación de la ley orgánica del Poder Judicial se rebaje el peso del Senado para los nombramientos en el CGPJ. 

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Los "nuevos mecanismos"

El propio Sánchez volvió el pasado martes a abrir la puerta a la reforma en las mayorías, tras varios años señalando que el Gobierno no contemplaba el movimiento. “Si el PP continúa con el bloqueo, el Parlamento necesitará articular mecanismos para salir de esta situación. No le puedo decir si con cambio de mayorías o no. Le digo que la responsabilidad del Gobierno será renovar el CGPJ, y lo vamos a llevar a efecto”, señaló en la Ser. 

Horas más tarde, desde la Moncloa, Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, transmitió la misma idea. “Nuestro interés es renovar, recuperar el prestigio del CGPJ y normalizar el funcionamiento de la Justicia. Pero si hay un empeño total en bloquear y no cumplir la Constitución, tendrán que entender que tenemos que estudiar y valorar nuevos mecanismos”, dijo.  

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Pero el Gobierno quiere primero esperar al PP y a la UE para armarse de motivos por el camino, dentro de una reforma de la Justicia que también contempla medidas para luchar contra las denuncias falsas y limitar las acusaciones populares. Mientras tanto, los aliados del PSOE, empezando por Sumar, su socio en la coalición, empujan para que actúe ya. No solo en el ámbito judicial. 

ERC, por ejemplo, presentó este viernes una proposición no de ley que insta al Ejecutivo a ir mucho más allá. Entre otras cuestiones, pide crear “una comisión independiente sobre los casos de guerra judicial” (el llamado ‘lawfare’), derogar la ‘ley mordaza’ y reformar la ley del CNI, la de transparencia y la de secretos oficiales. 

“Calma”, recetan en el Ejecutivo, que se toma con la misma actitud las otras vertientes de la regeneración: la necesaria bajada de decibelios en el discurso político y la lucha contra la desinformación. Pero se trata de dos ámbitos muy sensibles, relacionados con el derecho fundamental a la libertad de expresión, y ahora mismo nadie se atreve a anticipar en qué se concretarán. 

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