Empresas beneficiadas por la ley de Doñana tienen multas por extracción ilegal de agua

Si no hay sorpresas y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP) no altera sus planes, la proposición de ley que abre la puerta a la recalificación de suelos para ampliar las explotaciones de regadío en la corona norte del Parque Nacional de Doñana entra ya en el tiempo de descuento. Tras un último frenazo del presidente andaluz y la llamada del PSOE para que “no se tire del precipicio”, esta semana se verá si el PP incluye la proposición en el orden del día del próximo pleno, los días 10 y 11 de octubre, o abre una puerta a la negociación. El Gobierno ya ha anunciado que si la norma sale adelante acudirá al Tribunal Constitucional, puede elevar recurso estando en funciones, y pedirá de inmediato su paralización cautelar.

Si el PP, de la mano de Vox, consuma su hoja de ruta, pese a las advertencias de la comunidad científica, de los ecologistas, la Unesco o la amenaza de multas automáticas de la Comisión Europea, se propiciaría una reforma legal que daría luz verde a nuevas hectáreas de regadío en los municipios de Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte. La proposición de ley es lo suficientemente ambigua como para no determinar qué suelos exactamente se verán beneficiados al pasar de secano a regadío, lo que automáticamente dispara por diez su valor, pasando de 13.539 euros por hectárea a revalorizarse hasta los 140.362 euros, según la propia tasación de precios de la Consejería de Agricultura.

Empresas sancionadas

La zona donde se abrirá la puerta a la recalificación de suelos, que fueron declarados de secano o forestal, no aptos para el cultivo intensivo de frutos rojos, en el plan de ordenación de la fresa de 2014, alberga decenas de explotaciones agrarias de todas las dimensiones. Aunque la Plataforma en Defensa del Regadío en el Condado de Huelva, que agrupa a más de un millar de afectados, insiste, como el PP, en hablar de pequeñas explotaciones familiares, en la zona hay varias cooperativas y empresas con volúmenes de facturación por encima del millón de euros.

Según los datos oficiales a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, varias de esas empresas tienen multas por extracción ilegal de aguas subterráneas. Sanciones que impone la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Estado, por pozos ilegales que han venido esquilmando el acuífero de Doñana, y que los tribunales acaban avalando en la inmensa mayoría de los casos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación por el robo del agua en el acuífero de Doñana y ha ordenado diligencias para fijar la responsabilidad medioambiental de los agricultores con pozos ilegales en el entorno del parque.

Es una práctica que ya condenó la sentencia del Tribunal de Justicia Europea en junio de 2021, tras una denuncia dos años antes de la organización ecologista WWF. La sentencia castiga el robo de agua por parte de agricultores sin permisos de riego y advierte de que las multas serán automáticas si no se corrigen estas extracciones ilegales. El cierre de pozos depende del Gobierno de la nación, que viene denunciando desde hace meses que la proposición de ley de PP y Vox en el Parlamento andaluz va a beneficiar a muchos de esos agricultores que han pinchado en el subsuelo para captar agua sin tener permisos.

Fincas legales con parte ilegal

El plan de ordenación de 2014 partió algunas explotaciones, dejó hectáreas de algunas fincas en suelo de regadío (SAR) y parte en suelo no autorizado para el riego. Los ecologistas siempre han denunciado que muchas de esas fincas seguían explotando el suelo en su totalidad y pinchando agua de manera ilegal. La información a la que ha tenido acceso este periódico ratifica esa denuncia. Los expedientes sancionadores oficiales confirman multas por extracción ilegal de aguas para empresas como Lucena Fruit SL, Pilón e Hijos SL, Fran y Lolo SL, Emusa Fruit SL, Frutas Cerezo SL o Las Acciones Sociedad Cooperativas. Este periódico ha pedido a las empresas una valoración de estos expedientes y de los beneficios que pueden acarrearle la proposición de ley que impulsan PP y Vox en el Parlamento andaluz, apelando directamente a si se lucrarían con las recalificaciones en marcha. No ha habido respuesta.

Los propios agricultores en la zona, no todos están de acuerdo con que se amplíen las hectáreas de regadío, aseguran que las empresas “más activas” y que han empujado con mayor vehemencia por la amnistía de sus suelos son Agroecológica, El Pilonar, Cooperativa Costa de Huelva y Cooperativa Lujovi. Esos nombres aparecen también en expedientes sancionadores abiertos por la Confederación.

La plataforma de regantes que impulsó la reforma legal, que se ha convertido en el ‘lobby’ más activo de presión para que esta norma salga adelante, no desvela si estas empresas forman parte de sus “más de mil asociados”. Apelando a la protección de datos y no da nombres ni de sus empresas ni particulares adscritos.

"10 y 15 multas diarias"

En un desayuno informativo, celebrado el pasado abril, cuando comenzaba la tramitación de la norma en el Parlamento andaluz, la Plataforma en defensa de los regadíos, que aglutina a unos 1.500 agricultores que aspiran a ser beneficiados por la reforma legal, admitió que sus agricultores recibían una media de entre “10 y 15 multas diarias”. Las sanciones provienen de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por la captación ilegal de aguas subterráneas y de la Junta de Andalucía, por los inspectores de ordenación del territorio y suelo.

La Plataforma rechazó que la comisión técnica, que tendrá que decidir caso a caso cuántas de estas fincas vuelven a obtener su título de suelo de regadío, discrimine de forma negativa a los agricultores que hayan seguido cultivando y regando de forma ilegal en la última década. Consideran que no es competencia de esa norma, que se limita al suelo, y añaden que sería “inconstitucional”. Tampoco supieron decir cuántos de los agricultores de esta plataforma explotan sus fincas de forma irregular, negándose a establecer una división entre "regulares e irregulares".

Compra de terrenos

La proposición de ley que entra en tiempo de descuento en el Parlamento andaluz no da detalles exactos de qué suelo o cuántas hectáreas se podrán regularizar. En la proposición anteriormente registrada, que decayó por la convocatoria de elecciones autonómicas, sí hablaba de 1.600 hectáreas y 650 explotaciones agrícolas. Ahora el Gobierno andaluz señala que serán unas 750 hectáreas y que habrá que ver “caso a caso”. Los municipios afectados cuentan con concesiones administrativas en suelo público, cedidos por los ayuntamientos de Moguer, 410 hectáreas; Lucena del Puerto 2.044 hectáreas; Bonares, 42 hectáreas; Rociana del Condado, 1 hectárea; Almonte, 2.376 hectáreas. Datos a lo que habría que sumar el suelo de titularidad privada, en total 11.000 hectáreas. En 2014 se declararon no aptas para el riego unas 1.600 hectáreas.

El Gobierno andaluz ha anunciado la compra de 1.700 hectáreas en la provincia de Sevilla de la finca Veta La Palma, para preservar el ecosistema de Doñana, por un valor de 70 millones de euros, en una operación autorizada por el Gobierno y que se financiará en un 60% por fondos europeos. El presidente andaluz ha apuntado en alguna ocasión la compra de terrenos a los agricultores del Condado de Huelva como una de las vías para solucionar “las injusticias” que denuncian que se cometieron en 2014. Moreno pidió, en abril, que el Gobierno estudiara la permuta de suelos a estos agricultores, una medida que fue lanzada por Alfonso Guerra aunque previamente también había estado en boca del líder del PSOE andaluz, Juan Espadas.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, rechazó en una entrevista en este periódico que la permuta de suelos fuera una solución, convencida de que supondría “cuestionar” el plan de ordenación de 2014 que se aprobó por la Junta de Andalucía (PSOE), con el visto bueno del Gobierno de la nación (PP). “Incluso a veces me pregunto que quizás el error ha sido proponer que parte de la reducción de la presión sobre el acuífero pudiera proceder de la compra de fincas o de la compra de derechos de riego. Esto ya se ha hecho con anterioridad… pero a lo mejor esto, sin querer, se ha interpretado como ‘califiquemos el suelo por esa vía que a lo mejor nos lo compran’”, señaló. El Gobierno ha dispuesto 100 millones para esa compra de fincas o derechos de agua.