Conseguir una bici del servicio público de préstamo de la ciudad de Gandia es casi un milagro. Se pueden recorrer varias estaciones de cualquier punto de la ciudad hasta encontrar una. En el caso de lograrlo habrá que ver si hay suerte y, además, se encuentra en buen estado de conservación y no está vandalizada. El servicio lleva muchos meses con un funcionamiento muy deficiente y desde el Gobierno local son conscientes de ello. Por ello, a través de un decreto firmado por el concejal de Hacienda, Salvador Gregori, se ha dado un últimátum a la empresa que lo gestiona, Impursa SAU, para que restaure el servicio.
Para ello, según el documento al que ha tenido acceso Levante-EMV, la administración da un plazo de apenas quince días hábiles a la adjudicataria para que "adecue el buen funcionamiento de las bases de sujeción" y, además, "dimensione, de forma eficiente para el usuario, la puesta en funcionamiento de las unidades de bicicleta". Se presume complicado que la firma consiga en ese escaso margen de tiempo el objetivo de conseguir un servicio que por fin funcione y ofrezca el servicio con el que se instauró hace ahora más de una década.
En primer lugar, porque el daño, tanto físico como de imagen, que sufre es enorme y, en segundo, porque hace cinco meses, el pasado agosto, ya se le realizó un requerimiento idéntico por parte del consistorio al que la empresa ni siquiera ha respondido en este tiempo, como apunta el documento y, ni mucho menos, sirvió para reponer el número de bicicletas ni tampoco reparar las estaciones que sufren daños muy importantes.
En caso de no hacerlo, el ayuntamiento advierte a Impursa de que resolverá el contrato que existe entre las partes e incautará la garantía que la empresa pagó en su momento para poder gestionar el servicio. La administración gandiense considera, de ese modo, que la mercantil está incumpliendo sus compromisos, que pasaba, entre otros, por aportar 500 bicicletas que ahora mismo ni de lejos se pueden encontrar en la calle. Lo cierto es que, finalmente se resuelva el contrato o no, a Impursa le queda poco tiempo al frente de la gestión del servicio público de préstamo de bicicletas, ya que el contrato expira el próximo mes de abril. Además, todo apunta a que, pasado ese tiempo, Saforbici llegará a su fin y el ayuntamiento procederá a desmontar el servicio.
De hecho, el alcalde, José Manuel Prieto, en una entrevista concedida a este periódico, ya apunta hace unos días a la necesidad de replantearse y adaptar el modelo de movilidad sostenible en la ciudad.
El concejal de Movilidad, Nacho Arnau, aseguraba ayer que "una vez se cumplan los plazos del requerimiento, llevaremos a cabo todas las acciones necesarias desde el punto de vista jurídico para resolver la situación que tenemos ahora mismo". Según el edil, pese a que la pandemia y el vandalismo han tenido graves efecto en este servicio, "pero nosotros somos una administración y debemos cumplir los plazos de manera escrupulosa".
Impursa gestiona Saforbici desde el año 2017. El contrato incluía también los "mupis" de la ciudad, es decir, los paneles publicitarios que hay repartidos por todo el casco urbano. Prácticamente desde que se puso en marcha, el servicio de Saforbici, que también ha tenido otros nombres, ha vivido su propia pandemia. El vandalismo ha sido el peor mal que han padecido tanto las bicicletas, que en muchos casos aparecen destrozadas en lugares que ni mucho menos corresponde, como el fondo del río Serpis, apoyadas en señales de tráfico en cualquier lugar, tiradas en cunetas, o abandonadas a su suerte en algún parking.
