Condenan a Manises a pagar 591.000 euros a la firma que abandonó el aparcamiento

El Ayuntamiento de Manises ha sido condenado a pagar 591.643 euros a la empresa Estacionaments Urbans en concepto de compensación por las pérdidas que adujo haber sufrido la concesionaria del aparcamiento de la calle San Cayetano durante los tres años de explotación. El consistorio manisero ha anunciando que recurrirá el falló dictado por el Juzgado de lo contencioso administrativo nº1 aunque se ha visto obligado a provisionar el importe para hacer frente a la sentencia.

La historia del enfrentamiento entre la empresa y el consistorio se remonta a finales de 2013, cuando, tres años después de su apertura, la concesionaria decidió de manera unilateral cerrar el aparcamiento, próximo al Hospital de Manises, argumentando que registraba pérdidas al haberse incumplido las expectativas de rentabilidad que el Ayuntamiento le aseguró en su día. La interrupción del servicio causó un enorme malestar entre vecinos y usuarios del Barrio del Carmen, que obligaron a principios de este año al ayuntamiento, en manos del PP, a recuperar la gestión del aparcamiento.

La concesionaria decidió entonces presentar un contencioso administrativo en la que reclamaba 2,5 millones como reequilibrio económico por las pérdidas ocasionadas y ahora el juez le ha dado la razón pero ha rebajado la indemnización a 591.643 euros.

La UTE, formada por Ecisa-Banco Sabadell, invirtió en el parking subterráneo unos 7,2 millones de euros, pagados a través de varios créditos, a cambio de su explotación durante 40 años en los que tendría que abonar un canon anual al consistorio. Ahora, la concesionaria está reclamando el pago total del coste de la obra pero el Ayuntamiento que preside Jesús Borràs (Compromís ) considera que dicho importe debe «minorarse en los gastos y perjuicios causados por el abandono anticipado de la concesión y por otros conceptos» (como los años de canon que restan por pagar) por lo que estima que el consistorio sólo debería pagar 664.634 euros para ser el nuevo propietario del aparcamiento. Pese a que no se ha alcanzado por el momento un acuerdo entre las partes, el consistorio se ha visto obligado a solicitar un préstamo para hacer frente al pago de dicho importe.

Fuentes municipales criticaron ayer que la sentencia que afecta a las arcas municipales «es un ejemplo más de los resultados que acarrea una gestión urbanística nefasta basada en la ejecución de grandes obras con inversiones privadas, de las que se pretende obtener el máximo rédito político posible, pero sin tener en cuenta su escasa o nula rentabilidad económica que acaban pagando otros».