La junta de gobierno local de Torrent dio ayer luz verde al convenio que el ayuntamiento ha de suscribir con la empresa gestora del polideportivo Parc Central, que le permitirá agotar los años de concesión y permanecer al frente del recinto, a cambio de pagar los 800.000 euros que debe en obras nuevas. De forma paralela, la firma ha de garantizar el total de esta deuda en avales bancarios, como ya avanzó Levante-EMV, que el consistorio podrá ejecutar si incumple el acuerdo o los plazos y, de esta forma, cobrar la deuda.
El portavoz socialista y concejal responsable de Hacienda y Contratación, Andrés Campos, que ha llevado el peso de la negociación, explicó ayer que el convenio establece que la firma ha de ejecutar en doce meses toda una serie de obras nuevas en el polideportivo, que todavía están por decidir. Las intervenciones permitirán cubrir la deuda de 800.000 euros por no haber abonado el canon de 2013, 2014 y 2015 al ayuntamiento. «El de 2016, se le facturará con normalidad y han de pagarlo en el primer trimestre, tanto el fijo de 230.000 como el variable», indica el edil.
Aunque será necesario elaborar un plan de obras concreto, en las negociaciones con la firma, a lo largo de los últimos meses, se han puesto sobre la mesa mejoras en la pista de atletismo, en la zona de baño o en otros puntos, como la creación de nuevas salas de fitness o «dar una solución a algunos problemas que el diseño original del polideportivo». Está el inconveniente de que la zona de baño no está conectada, por ejemplo, con la sauna, por lo que «hay que recorrer parte de la instalación» para llegar y se ha planteado reordenar los espacios.
«En ningún caso la empresa va a realizar tareas de mantenimiento u obras que ya tenía que hacer por contrato, sino que serán intervenciones nuevas que quedaran de patrimonio municipal», indica Campos. El edil asegura que desde que se reemprendieron las negociaciones, en este nuevo mandato «se realizaron reparaciones pendientes como la de los jacuzzis y las de la playa».
El conflicto con la empresa se generó durante el gobierno del PP por el impago del canon de hasta tres ejercicios, y derivó en cinco contenciosos-administrativos y una querella penal contra el anterior ejecutivo que, tras meses de imputación, fue archivada.
