Los sancionados por los fotorrojos, con 200 euros y cuatro puntos en el carné, tienen la opción de pagar, recurrir vía administrativa a su ayuntamiento o presentar un contencioso. En Valencia tres juzgados han dado la razón al sistema mientras que el número tres considera ilegal las cámaras al no estar sujetas al control metrológico, como los radares de la DGT. Los abogados aconsejan acudir al juzgado y recuerdan que el Ayuntamiento de San Sebastián acudió al Supremo al ganar el litigio uno de los conductores y el alto tribunal ratificó el fallo del juzgado. El consistorio retiró las cámaras. La Mancomunitat presentó un recurso de casación al Supremo para que determine qué sentencia de las emitidas en Valencia es la buena. Espera respuesta.
