El PP pide que se tenga en cuenta en el nuevo concurso

Una denuncia en la Fiscalía Antocorrupción interpuesta por el Partido Popular de Torrent fue la que provocó que el caso de los uniformes de la capital de l'Horta Sud pasara a la vía judicial, además del proceso administrativo que ya se seguía. El fiscal admitió el caso y ordenó a un juzgado de Torrent investigarlo por presunta prevaricación. En la pasada primavera ya acudieron a declarar el secretario del ayuntamiento, Fernando Salom; la directora del Ivaspe, Ángeles Navarro; el intendente Juan Antonio Riquelme Botifora; el representante de CCOO, Julio Conesa y el propietario de una firma que quedó descartada en el concurso.

Tras conocerse el nuevo episodio de Santa Pola, el edil popular que ha llevado las denuncias sobre el caso, Nacho Carratalà ha presentado un escrito por registro en el consistorio en el que solicita que «se tenga en cuenta la situación actual de la mercantil y se aplique la máxima diligencia en el procedimiento a fin de garantizar que todas las futuras contrataciones se encuentra dentro de la legalidad», en referencia a la adjudicación del nuevo concurso.

Los populares se preguntan si los casos de Torrent y Santa Pola están relacionados y no descartan dar órdenes a sus abogados en este proceso para que exploren esta vía judicial.

Críticas al nuevo proceso

Hace apenas una semana, el propio Carratalá ya denunciaba lo que entendía como nuevas irregularidades en el presente concurso para adjudicar los uniformes de la Policía Local. El edil consideró «sospechoso» que la empresa Insignia presentara ahora ofertas por las mismas prendas con un precio un 30% inferior a las del concurso de 2015.