La instalación de los fotorrojos es fruto de una concesión firmada en diciembre de 2014 por la Mancomunitat de l'Horta Sud, presidida entonces por el PP, y una empresa con sede social en Málaga por un montante de 949.194 euros por cuatro años. Fueron seis los municipios que aprobaron que se montaran las cámaras en sus calles: Beniparrell, Catarroja, Massanassa, Picanya, Sedaví y Quart, aunque este último las desmontó antes de que se pusieran en funcionamiento el 1 de junio de 2015.
En sus dos primeros años de vida (hasta julio de 2017) fueron cazados 45.625 conductores que se tradujeron en unos ingresos que, por el momento, superan los 2,9 millones de euros.
La instalación pilló con el pie cambiado a alcaldes que accedían a la vara de mando y no habían firmado adherirse al sistema. En este sentido, el alcalde de Catorroja, Jesús Monzó, ha sido muy crítico con los fotorrojos reclamando a la Mancomunitat de l'Horta Sud que tratara de resolver de forma unilateral el contrato. El problema es que los municipios podían verse abocados a indemnizaciones muy superiores al dinero ingresado por las multas.
A esto se suma la dipariedad de sentencias de varios juzgados avalando las multas o anulándolas. Por ello, la Mancomunitat presentó un recurso ante el Supremo para que dictará una resolución, que todavía están esperando. Tampoco la concesionaria, que percibe un 20% de cada multa, ha atendido las reclamaciones del ente comarcal sobre cuánto costaría romper el acuerdo.
