Un día después del trágico suceso, en el que un joven con diversidad funcional perdía la vida ahogado mientras se bañaba en la piscina municipal de Alaquàs, la alcaldesa, Elvira García, todavía se mostraba consternada por lo ocurrido, mostrando su «proximidad a la familia» y «compartiendo su dolor». En cuanto a los avances de la investigación, la dirigente avanzó que de momento, descarta abrir una comisión sobre el fallecimiento en las instalaciones del Bovalar. La autopsia determinará las causas exactas de la muerte.
El siniestro se produjo el lunes antes del mediodía en el polideportivo municipal, cuando Jesús H., un chico de 26 años con discapacidad, fue sacado del agua inconsciente, y pese a los intentos de reanimación, falleció. El joven participaba con otros compañeros en una actividad lúdica programada por el taller municipal Diversia.
Más de 24 horas después, la alcaldesa aseguraba a este diario que el consistorio «cumple con los ratios de seguridad en cuanto a monitores y socorristas», y también «respecto al protocolo de seguridad de la piscina, como quedó demostrado el lunes, donde todo lo aplicado fue correcto».
La dirigente rechaza que se produjera «una negligencia» o que hubiera «falta de medios», e interpreta el fallecimiento del joven «como un suceso imprevisto». Elvira García insiste en que el ayuntamiento «mantiene un riguroso control del protocolo de seguridad, socorristas y monitores» y asegura que «es una evidencia que se está haciendo».
La alcaldesa explica que los monitores encargados de los jóvenes con diversidad funcional que forman parte del programa municipal Diversia «son contratado a través de la empresa pública Anem». En este sentido, García apunta que Jesús estaba participando en cursos de natación «con toda normalidad» por lo que «situamos lo sucedido como algo fortuito». Por ello, la alcaldesa descarta crear una comisión de investigación. «Se está elaborando un informe cronológico de lo ocurrido, un relato para saber qué pasó», informa la dirigente. Pero nada más. García ante la posibilidad de que el caso acabe en la justicia, sostiene que el ayuntamiento «hará lo que tenga qué hacer».
