La denuncia de la alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín (Compromís) ante la Agencia Antifraude sobre la forma en que su predecesor popular Vicente Ibor gestionó un contrato con la firma Sedesa (vinculada a la familia Cotino), que ayer adelantaba Levante-EMV, ha tenido ya su réplica en los juzgados. El portavoz popular y candidato a las municipales por el PP ha interpuesto una denuncia contra Martín en la que la acusa de haber cometido presuntamente los delitos de «prevaricación, acusación y denuncia falsa, calumnia con publicidad y malversación de caudales públicos».
Ibor ha interpuesto la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción este lunes por considerar que la alcaldesa ha acudido a la Agencia Valenciana Antifraude de la Generalitat «y no ante el Juzgado competente» con la intención de desprestigiarle a pocos meses de las elecciones. Además, el popular defiende que «podría ser considerado como un delito continuado» al opinar que se ha repetido la actuación.
El asunto en cuestión es la obra de la calle Sant Jordi, que consistió en una compleja ampliación presupuestada en un más de millón de euros, financiados por el Gobierno de España, dentro del plan Zapatero. Martí ha llevado el caso a Antifraude al detectar que la adjudicataria, Sedesa, debía contratar a más de 100 personas, como se recogía en el contrato y en la puntuación del concurso, pero solo acreditó haber empleado a 13. La alcaldesa entiende (y Antifraude lo ha considerado materia de investigación) que el consistorio debió tomar medidas (desde la rescisión a retirarle el aval) por incumplimiento de contrato.
No obstante, Vicente Ibor ha defendido que la obra «contó con todos los informes favorables y con una escrupulosa e impecable actuación por parte de quien en aquella época gobernaba el Ayuntamiento». «Todo esto es perfectamente conocido por Isabel Martín puesto que durante años ha tenido a su disposición, como alcaldesa, toda la documentación de esta contratación y todos los informes favorables de esta actuación y, pese a ello, siendo perfectamente consciente de la injusticia de su decisión, decide la interposición de esta denuncia a la Agencia Valenciana Antifraude, con la única y exclusiva finalidad de menoscabar el honor de su adversario político», añade.
A preguntas de este diario, Ibor ha manifestado que no recuerda «todos los detalles» de aquel proyecto «porque entonces se hicieron muchas obras de distintos planes» pero ha negado «tajantemente» que Sedesa recibiera un trato de favor. «Machacamos a la empresa con requerimientos y estuvimos encima constantemente porque fue una obra muy problemática, ya que la Confederación Hidrográfica hacía modificaciones y ponía pegas. Llegamos a pensar que podía quedarse la obra parada pero, al final, salió adelante», indica Ibor.
El exalcalde esgrime también que el consistorio «solo actuó por delegación de funciones» ya que era «una obra que pagaba el Gobierno y que estaba constantemente auditada por el Estado».
Por su parte, la Delegación del Gobierno ha indicado que «correspondía a los secretarios y los interventores de los ayuntamientos la fiscalización de aquellas obras». En la propia delegación «había una comisión de seguimiento en la que se analizaba la documentación remitida pero a efectos de cumplimiento de los plazos» ya que la justificación «se enviaba telemáticamente al ministerio».«Complicidad» con Antifraude
En la denuncia a la Fiscalía anticorrupción, Ibor alega que la elección de la Agencia Valenciana Antifraude no es casual puesto que «el director es Joan Llinares, cargo político elegido a petición del sector más radical de Compromís y de Podemos, quien tiene una aparente relación de amistad y confianza con la actualmente alcaldesa». En relación con esto, el portavoz popular reproduce un escrito «presentado por alcaldía, y firmado por Isabel Martín Gómez con fecha 8 de enero de 2019, en el que se dirige al responsable de la institución como 'estimat Joan' y se remite a una reunión personal que habría tenido lugar el siguiente martes».
