Un informe de la interventora del Ayuntamiento del Puig ha puesto de manifiesto «el abono de horas extraordinarias, gratificaciones y productividades de una forma irregular, en ocasiones sin justificación horaria, en otras ocasiones sin justificación de los informes técnicos preceptivos o en su caso no ajustados a lo que establece la ley».

La supuesta ilegalidad correspondiente al ejercicio 2018, la ha revelado el Partido Popular después del pleno de noviembre, en el que la propia interventora explicó parte del proceso. Así, detalló que aleatoriamente había analizado 213 nóminas de 56 empleados. Con todos los datos recabamos, emitió un informe de carácter provisional con fecha de 12 de septiembre, dando el correspondiente plazo de diez días para que el departamento de Personal aportara alegaciones. El 12 de noviembre, dos meses después, las conclusiones pasaron a ser definitivas, sin que recibiera documento alguno, según dijo en la sesión plenaria.

«Todo ello como señala el propio informe, susceptible de causar un perjuicio al derecho de los trabajadores y un perjuicio a la Hacienda Municipal», afirman desde el Partido Popular.

Pero los populares también denuncian que el ayuntamiento no ha renovado la comisión de servicios solicitada por la interventora autora del citado informe, «en un acto de evidente falta de responsabilidad política, haciendo recaer sobre la interventora la nefasta y negligente gestión del personal por el equipo de gobierno, que sigue sin asumir ninguna responsabilidad».

Por su parte, la alcaldesa Luisa Salvador puntualizó que se trata de un informe «provisional» que «no fue corregido» por el departamento de Personal, al estar sus funcionarios de baja y de vacaciones. «Echo en falta que, al regresar la técnica, la interventora se interesara por el hecho de que nadie lo hubiera revisado», critica la dirigente socialista, que matiza que «autorizamos que se llevara el informe a pleno, cuando podría haberse llevado en diciembre; No tenemos nada que esconder», zanjó.

Respecto a la no continuidad de la interventora, explicó que su comisión finalizaba el 3 de diciembre. «Ha estado seis años cuando el máximo son dos, pero una sentencia de este año en la diputación por un interventor que llevaba más de dos años, nos ha hecho tomar la decisión de que no siguiera. Nada tiene que ver con el informe que hizo», aseguró.