Todas las historias de desahucios que sufren los colectivos más vulnerables de la sociedad son duras y algunas, como la que vivió en su casa una vecina de Burjassot, María de los Ángeles Puig, son difíciles de entender. Pero suceden, incluso en los tiempos del coronavirus.

María de los Ángeles, que tiene a su cargo una hija de 16 años recién cumplidos y comparte la custodia con su exmarido, era hasta este miércoles por la mañana la propietaria de un piso en la calle Bautista Riera. Era la dueña de este inmueble «valorado en 20.000 euros» cuando lo adquirió. «Ni siquiera tenía cocina», detalla. María de los Ángeles ya había pagado 17.000 euros y solo le quedaban 3.000 euros que difícilmente podría satisfacer ya que, además de encontrarse en el paro desde hace años, no percibe ningún tipo de subsidio.

Según cuenta la afectada, la vivienda se la compró a «un abogado de Madrid» quien, anteriormente, «la había adquirido en una subasta». En el contrato de compraventa que firmó figuraba una cláusula por la que «al vendedor se le otorgaba el derecho de recuperar la propiedad en el caso de no acabar de cobrar el cien por cien del precio convenido», lo que ha avalado un juzgado de Paterna.

A María de los Ángeles le faltaba por pagar un 15% del total del precio de la vivienda y conocía el riesgo de verse en la calle antes que le comunicaran el primer aplazamiento del desahucio. «No así en el segundo aplazamiento», que «vencía este pasado día 10 de enero», según sostienen ella misma y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Burjassot. «Esta mañana [por ayer] me sorprendió un ruido en la cerradura de la puerta de casa», explica. Se estaba produciendo el lanzamiento y, en presencia de la Policía Local, una comisión judicial le entregaba la diligencia de desalojo con un plazo de 15 días para retirar sus pertenencias. En declaraciones a Levante-EMV, la afectada aseguró desconocer que justo en este día y momento iba a tener la visita de la comisión.

Desde la PAH consideran «lamentable» que «la afectada desconociera la fecha del desahucio» y que «la abogada de oficio haya sabido del desahucio cuando la afectada tenía al cerrajero de la comisión judicial abriendo la puerta de la vivienda». Asimismo afean al Juzgado, a la Generalitat y Dirección General de Emergencias Habitacionales de la Conselleria de Hacienda y al Ayuntamiento de Burjassot «saltarse el protocolo de comunicación de lanzamientos» firmado con la Generalitat.

En casos de emergencia, el consistorio garantiza a las personas afectadas «una solución habitacional provisional hasta que la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EHVA) de la Generalitat, responsable de las políticas de vivienda de protección pública, encuentre la solución habitacional definitiva».