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La Emtre habilita 14,8 millones para pagar la sentencia de la planta y comprar la nueva sede

El fallo judicial supone abonar ocho millones

Acceso principal
ala planta de
Quart de Poblet.  EMTRE

Acceso principal ala planta de Quart de Poblet. EMTRE

La Entitat Metropolitana de Tractament de Residus (Emtre) prepara una modificación de crédito de 14,8 millones de euros para atender gastos no previstos en el presupuesto, tales como la sentencia por la que fue condenada a pagar cerca de ocho millones a la contrata que gestiona la planta de Quart de Poblet o la nueva sede que piensa adquirir. Una parte de esta abultada cifra estará a cargo de los remanentes positivos del ejercicio anterior (más de siete millones de euros) mientras que el resto se costeará con ingresos imprevistos no bancarios que se han producido.

La aprobación inicial de la modificación presupuestaria para la habilitación de créditos extraordinarios y suplemento de créditos ha pasado esta semana por la comisión de Hacienda de la Emtre e irá a la asamblea próxima, donde tendrá que aprobarse.

Según la propuesta de acuerdo, que presenta el presidente de la Emtre, Sergi Campillo, la cifra más elevada del crédito se la lleva el abono de 7.813,009 euros, fijados en el auto judicial del pasado 26 de febrero, para ejecutar la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de València (y por tanto «de obligado cumplimiento»), por la que se reconoció esta compensación a la UTE los Hornillos, que gestiona la planta de Quart de Poblet. Como ya informó Levante-EMV, este dinero es por la disminución de la cantidad de basura que está llegando a la planta respecto a la estipulada en los pliegos de condiciones del contrato, aprobados en 2005 y revisados en 2013, para redistribuir los residuos entre las dos plantas existentes.

Al respecto, el grupo popular en la Emtre cuestiona «la forma en la que ha sido calculada la cantidad que se pagará», en forma de compensación porque «puede generar otro pleito por parte de la empresa y seguir judicializando la vida de la institución, lo que genera inestabilidad».

Campillo replica recordando que la sentencia «es un problema heredado de la etapa de gestión del PP» ya que en el contrato «se realizaron previsiones desaforadas de personas y de residuos metropolitanos que no se han producido». «Estamos tratando de salvaguardar el interés público por una mala decisión del PP que nos ha puesto en una situación muy complicada. No obstante, la sentencia está recurrida en el TSJ y estoy esperanzado de que allí se rebaje la cantidad», añade.

Nueva sede para la entidad

Por otra parte, en la modificación de crédito se habilitará una partida para la compra de la nueva sede de la Emtre. Según la propuesta de acuerdo, a través de una providencia del presidente se incoó el expediente para la adquisición de uno o varios inmuebles . Ahora se establecen 4,7 millones como previsión máxima para este gasto, incluidos los impuestos y otros costes que tendrá la operación. Aunque no se incluyeen la modificación, la Emtre tiene previsto vender la actual cuando adquiera y habilite la nueva, lo que generará ingresos.

La modificación de créditos también incluye una partida de 2,1 millones de euros que es la cifra estimada que le corresponderá pagar por la nueva tasa de vertederos aprobada por el Consell.

Otros gastos no previstos que se cubrirán con la modificación son mejoras en las instalaciones de tratamiento de residuos y ecoparques móviles por importe de 100.000 euros en mejora en las primeras y de 10.000,00 euros en los módulos portátiles.

Además, «se estima necesario acometer la contratación de los trabajos de racionalización y digitalización certificada del archivo físico de la EMTRE, con un coste previsto de 60.000 euros». Un proceso que irá unido a la nueva sede.

El canon por el uso de vertederos se aprobó a finales de 2020 por el Consell dentro de las leyes de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat Valenciana. Su puesta en marcha coincide con el momento en el que el Gobierno central trmita un canon estatal que sustituirá a los autonómicos, impuesto por la Unión Europea, por el excesivo uso de los vertederos, en lugar de optar por sistemas de separación y tratamiento. «Hemos de ser conscientes de que la basura que producimos genera un elevado coste que no se cubre con lo que pagamos», reflexiona Sergi Castillo.

El PP considera que «no tiene sentido que el Consell haya aprobado un canon que va a ser sustituido por otro estatal en breve» y lamenta que además «lo haya hecho de tapadillo aprovechando los presupuestos, una fórmula que ya se está convirtiendo en una costumbre y en la que no se cuenta con las instituciones metropolitanas».

Por su parte, Campillo an uncia que el canon del Gobierno «será aún más elevado» y matiza que, si bien la Emtre está obligada a pagarlo, «no tiene mecanismos para reducir el uso de vertederos porque la recogida de los residuos es competencia municipal». Por ello, en la próxima asamblea hará « una llamada urgente a que se mejoren los sistemas de recogida» en lasdiferentes poblaciones y además se ha creado una comisión para repensar y diseñar la nueva tasa de residuos (Tamer) , que se incluye en el recibo del agua, buscando fórmulas que «penalicen a los municipios que lo hacen mal». El presidente indica que este canon afectará en el futuro a las familias, de forma directa o indirecta, por lo que «se trata de mejorar la separación y para rebajar al máximo la cifra».

La nueva tasa de vertederos supondrá a la entidad 2,1 millones

La Emtre impulsa una comisión para diseñar la nueva Tamer que incluya este concepto

L.SEna. Torrent

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