Khaled, de 59 años y con una parálisis del 88% tras sufrir un ictus podrá seguir viviendo en su casa de Paterna, adquirida por un fondo buitre quien pidió el desahucio tras no reconocer el contrato de alquiler que mantenía con el anterior dueño.

La intervención urgente de la dirección general de Emergencia Habitacional de la conselleria y de la concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Paterna tras la mediación de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de València y Paterna ha conseguido paralizar in extremis el desalojo previsto para este viernes a las 10.30 horas, tras presentar varios informes de vulnerabilidad del afectado, que solo cobra una ayuda de 288 euros, con el que sobreviven él y su mujer, que se dedica a cuidarlo tras su grave estado de salud. LA PAH ha movilizado a sus agentes para impedir el desalojo, y tras más de una hora y media esperando en la puerta de la vivienda situada en la calle Murta, en Valterna, con la intención de impedir el desalojo, el servicio común de notificaciones ha decidido paralizar el desahucio ante la ausencia de la jueza que se encontraba de vacaciones y por tanto no podía estudiar los nuevos informes presentados por las administraciones.

“Hemos tenido mucha suerte por conocer a gente que nos ha ayudado tanto porque íbamos perdidos, en juzgados nos nos quisieron escuchar hasta que conocimos a la gente de la plataforma Stop Desahucios que nos puso en contacto con conselleria y ayuntamiento, que este jueves aún siendo festivo han estado trabajando en este caso desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas de la noche, han mandado escritos a los juzgados y todo para poder paralizar el desahucio, cosa que nadie nos había dicho que se podía hacer”, explica Ali, sobrino de Khaled que hace de poertavoz de la familia.

Kaled tenía un contrato de alquiler , pero el dueño de la vivienda recibió no pudo pagar la hipoteca y el piso paso a ser propiedad del Banco Marenostrum que a su vez se la vendió a BTL Spain, un fondo buitre que no reconoció el contrato de alquiler y pidió el desahucio. “Mi tío tiene la cédula de habitabilidad, contrato de luz y agua, el empadronamiento, llevaba un año pagando su alquiler hasta se apropia de la vivienda un fondo buitre y le dice que no reconoce el contrato de alquiler y le dice que es un okupa. Un señor que le da un infarto cerebral, después de un año pagando lo convierten en un okupa cuando no lo es”, explica Ali.

El caso de Khaled, de 59 años, es extremo. Refugiado palestino en el Líbano, se mudó a España hace ya más de 20 años - tiene nacionalidad española-, donde trabajaba como comerciante de azulejos. Todo cambió cuando hace tres años sufrió un ictus que le dejó en coma 15 días y tras estar tres meses en el hospital y más de seis meses en rehabilitación, le dejó una incapacidad del 88%. Desde entonces, su sobrino Alí ha estado luchando por tramitar una pensión puesto que sus tíos sobreviven solo con una ayuda de 288 euros. Ha solicitado la pensión contributiva a recomendación de su abogado, que se la han denegado por unos meses, ya que se requieren 9 años cotizados y solo llevaba trabajando poco más de 8 años. Ahora se encuentra en proceso de pedir la pensión no contributiva, de 402 euros pero que puede alcanzar los 604 euros con el reconocimiento de gran invalidez, algo que ha retrasado el proceso. “Tardaron más de dos años y medio en reconocer la minusvalía y cuando por fin tenía todos los papeles en regla a principios de 2020 llegó la Covid y era imposible que te dieran cita”.

Aparte de la pensión no contributiva con el grado de gran invalidez, desde conselleria se empezará a tramitar la ayuda de Dependencia y desde el Ayuntamiento de Paterna también han solicitado a la EVHA una petición urgente de vivienda social para Khaled y su mujer.

"Pedimos a los juzgados que unifiquen una práctica doctrinal"

José Luis González, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, considera "intolerable" que hayan jueces que emitan órdenes de desahucio ante la falta de documentos o con informes de vulnerabilidad. "Le hemos solicitado a la Audiencia Provincial, al Fiscal Jefe de València y al Decano que unifiquen una práctica doctrinal. Les pedimos que si falta documentos claves, que antes de ordenar el desahucio, que lo pidan a los técnicos o a los afectados, pero que no desahucien, y más cuando se tiene un informe de vulnerabilidad que además lo hacen desde Servicios Sociales gente profesional. Ya está bien, nosotros no vamos a consentir que hayan desahucios de familias vulnerables y cumplen los requisitos dentro del marco legal", concluye.