El 30 de enero de 2021 apareció el cadáver con signos de violencia de Florina, una joven rumana de 19 años que desapareció días antes cuando ejercía la prostitución en un lugar en el término de Albal, próximo a la Pista de Silla. No era la primera víctima. Diecisiete años antes, en 2004, en el mismo lugar, Ivana recibía dos disparos mientras ejercía la prostitución. Después de eso, Albal quiso que el lema «ni una más» se hiciera efectivo, y empezó su lucha por erradicar la prostitución, pero no persiguiendo a las mujeres prostituidas, sino a los puteros, nombre que gracias a este muncipio se ha normalizado en titulares.

Así, esta pequeña localidad de l’Horta Sud, de poco más de 16.000 habitantes, se convirtió en la primeraen establecer sanciones a los puteros de hasta 800 euros. Por unanimidad, el consistorio gobernado por el PSOE junto a Compromís y Unidas Podemeos, aprobó la modificación de la Ordenanza Municipal de Convivencia, incrementando las multas a los puteros hasta los 800 euros e incluyendo en el mismo saco a los proxenetas. La ordenanza municipal cifraba en 2012 las sanciones de este tipo en un máximo de 750 euros que afectaban tanto a los consumidores como a las meretrices, que en la nueva quedan exentas como víctimas de explotación.

La primera multa llegó precisamente después de la celebración del 8-M, Día Internacional de la Mujer, y se produjo de manera berlanguiana, ya que fue el putero el que avisó a la Policía que tras solicitar los servicios sexuales de una mujer prostituida y abonarle el importe de 30 euros, ella no completó sus necesidades. La Policía Local le multó con 800 euros, que se redujeron a 480 al pagarlas «in situ», práctica escogida por el 50% de los multados, que ya llegan hasta los 28, gracias también al refuerzo de la Policía Local con cinco efectivos más, ascendiendo a 28. Los mismos agentes reconocen que «ya se ha corrido la voz» y que cada vez se ven a menos mujeres prostituidas en las zonas habituales, que sin embargo, se están trasladando a otros emplazamientos, algo que Albal quiere evitar, y la única forma es que todos los municipios hagan lo mismo.

Es por ello, que el alcalde de la localidad, Ramón Marí, trasladó esta iniciativa al Consell, a la Mancomunitat de l’Horta Sud y en especial a los municipios de la Pista de Silla, zona habitual de la práctica de la prostitución, para que siguieran su ejemplo. El primer edil lo tiene claro: « Los asesinatos de Ivana y Florina han supuesto una amenaza la democracia y, por este motivo, tratamos de contribuir, desde Albal, en la erradicación de la prostitución y la trata de personas, contando con la sensibilización de otras administraciones». Y ellas han cogido el testigo. Además de servir de ejemplo a otras pueblos como Quart de Poblet, la Generalitat ha impulsado una ordenanza que también castiga a los puteros, incluso con sanciones más graves, de hasta 3.000 euros, con la intención de que sea asumida por todos los municipios de la Comunitat Valenciana. La última en anunciar en hacerlo ha sido la capital, València.

Empadronar a las prostituidas

Pero en esa lucha contra la prostitución, Albal ya ha dado un paso más, con el objetivo de sacar a las mujeres de la esclavitud sexual. «Ofreceremos a estas mujeres un piso de acogida y posteriormente que se empadronen en Albal. Con ese trámite tienen derecho a una tarjeta SIP para recibir atención sanitaria y también de los servicios sociales del ayuntamiento, así como encarrilarlas para que puedan optar a las diferentes ayudas públicas», concluye Marí.