El abogado madrileño Enrique Santiago tiene una amplia experiencia internacional en derecho penal y en la defensa de los derechos humanos. Miembro de la dirección federal de Izquierda Unida (IU) formó parte del equipo jurídico que en representación de IU participó en la acusación popular contra el dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad. Ahora se ha implicado de lleno en la resolución del conflicto armado en Colombia. Una guerra que dura más de 50 años y ha causado unos 220.000 muertos y más de 7,5 millones de afectados y desplazados.
¿Qué hace un español de asesor jurídico de las FARC en un proceso tan complejo como es la negociación de la paz en Colombia?.
En mi caso, asesorar a la guerrilla de las FARC en materia jurídica, defensa de las victimas y la implementación y verificación de los acuerdos para poner fin al conflicto armado en ese país. Fuí seleccionado entre un grupo de expertos en derecho internacional, derecho penal y derechos humanos y contratado por el Gobierno noruego, que actúa como facilitador de las negociaciones entre la guerrilla y el Gobierno de Bogotá y garantiza el asesoramiento a la delegación de las FARC .
Tras casi cuatro años de encuentros y negociaciones en La Habana aún hay mucho por hacer. ¿Podrá alcanzarse un acuerdo este mes, como está previsto?
Estamos en la recta final de un acuerdo y siempre que se vislumbra el fin de un proceso de estas características nos hallamos ante el momento más delicado. Hay ocho asuntos aún pendientes de cerrar, entre los que destacan las condiciones para el fin de conflicto, la negociación de las garantías de seguridad de los guerrilleros desmovilizados, teniendo en cuenta los antecedentes de exterminio de las fuerzas de izquierdas en Colombia. Éso implica la desmovilización de los paramilitares, que son un fenómeno estructural en el país. También se negocia la integración de la Policía en un ministerio civil y no militar como hasta ahora. Es necesaria una ley de amnistía, a la vez que se está negociando la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil y los territorios en donde vivirán y, por fin, falta acordar un armisticio pese a que hay una tregua decretada hace seis meses por las FARC , que es respetada por ambas partes, No será fácil, pues, firmar la paza finales de marzo, pero sí en este semestre.
¿Cómo se va a juzgar a los guerrilleros y a los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en delitos graves?
Se ha creado lo que se denomina una Jurisdicción (tribunal) Especial para la Paz. Por allí pasarán tanto miembros de las FARC como de las fuerzas de seguridad y políticos colombianos que deban responder por acciones cometidas durante el conflicto. Su labor se concentrará en especial en los crímenes más extremos como secuestros, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, tortura, violencia sexual y reclutamiento de menores. Su función será «obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones».
¿Qué tipo de sanciones se impondrán?
Habrá tres tipos de penas: aquellas aplicables a quienes reconozcan verdad y responsabilidad de forma temprana, los que lo hagan durante el juicio y aquellos que se nieguen a reconocer sus crímenes. Los primeros tendrán penas de cinco a ocho años «de restricción de la libertad» y deberán cumplir labores de reparación y resocialización en los lugares donde cometieron sus crímenes. Los segundos pagarán entre cinco y ocho años de cárcel. Los que estén en el último grupo serán sentenciados, si son hallados culpables, a hasta 20 años de cárcel.
¿Cuándo habla de reparación a qué se refiere?
Este tipo de actividades pueden ser programas de desarrollo agrícola, de eliminación de minas, o de construcción de escuelas, por poner tres ejemplos.
¿Quiénes serían los jueces? En total habrá entre 50 y 60 jueces, que se dividirán en siete salas y tribunales. El 80 % de estos jueces serán colombianos, mientras que el 20 % restante serán extranjeros, más o menos.
Una vez finalizado el conflicto habrá que actuar en el ámbito político. ¿Piensan las FARC formar una nueva formación de izquierdas o trabajarán junto a otras fuerzas como la Unión Patriótica?
Se está negociando la formación de un partido político que, una vez finalice el proceso de paz y avance el proceso paralelo que el Gobierno del presidente Santos lleva a cabo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se deberá ir hacia la configuración de una alternativa real de poder de izquierdas en Colombia por medio de una gran fuerza progresista.
¿Tiene el ELN, la segunda guerrilla colombiana, contactos con la mesa negociadora?
Siempre ha habido un mecanismo de contacto con la mesa de La Habana. Aparte, el Gobierno de Juan Manuel Santos mantiene desde hace un año un proceso negociador paralelo con este movimiento y pronto se puede anunciarse la fase pública de los contactos. Ojalá sea pronto, porque no seria bueno que hubiera un acuerdo con las FARC y no se firmara la paz con el ELN.
¿Teme un boicot al proceso por parte del expresidente Uribe o de sectores ultras del Ejército?
Una cosa es la confrontación política entre los partidos de Uribe y Santos y otra que hay que sumar al Centro Democrático de Uribe yal Ejército al acuerdo. Se han realizado muchos acercamientos y todos los elementos indican que esos sectores lo van a respetar. La paz siempre se hace con los enemigos.
¿Echa de menos una mayor presencia del Gobierno español?
Sí. España jugó un papel diplomático de primer orden como país garante en los tres procesos de paz precedentes, que resultaron fallidos, y ahora es doloroso ver que la diplomacia española está totalmente ausente cuando se trata del proceso definitivo de paz
