EE UU vive una auténtica batalla en torno al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, legal en el país desde 1973. De hecho, el aborto es ya una de las luchas políticas centrales en el país, y promete marcar las próximas elecciones presidenciales de 2020. La ofensiva antiabortista está siendo liderada por estados sureños tradicionalmente muy conservadores como Georgia, Ohio, Misisipi, Kentucky, Iowa o Dakota del Norte. A ellos se unió el pasado 30 de mayo Luisiana con una ley de las llamadas «del primer latido», que impiden poner fin a un embarazo tras las primeras seis semanas, un plazo tan corto que muchas mujeres aún no saben ni siquiera que están ya en periodo de gestación.
El primer lugar que ha iniciado esta última «cruzada» fue Alabama, que a principios de mayo prohibió todos los casos de aborto, incluso cuando el embarazo esté provocado por un incesto o una violación. El texto legal es tan restrictivo que pondrá a este estado a la altura de países como Guatemala, Siria o Brunei. Es incluso tan extremo que hasta el presidente de EE UU, Donald Trump, marcó distancias.
Una larga batalla
La batalla contra el derecho al aborto por parte de grupos de presión religiosos tradicionalmente más cercanos al Partido Republicano -aunque también al Demócrata, esencialmente en la llamada «América profunda»-, no es nueva.
Sin embargo la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2016, a lomos de la movilización del electorado más furibundamente conservador, ha dado alas a la vieja pretensión abolicionista, que afila sus armas desde la sentencia que legalizó el aborto en 1973, llamada Roe vs Wade, y especialmente desde que en 1992 el Tribunal Supremo diera vía libre a los estados para regular la práctica, lo que ha hecho que, en buena parte del país, abortar en el siglo XXI sea más difícil que en el XX. Esta decisión es, en parte el origen de la actual situación.
La novedad es que si hasta ahora la estrategia conservadora había optado por ir laminando ley tras ley el acceso al aborto, imponiendo cada vez mayores restricciones administrativas, ahora, sin embargo, han decidido ir al centro de la guerra moral. Y constitucional.
Sirva como ejemplo de estas restricciones que entre 2011 y 2014, se han cerrado 51 clínicas abortistas en todo EE UU. Actualmente, un 90% de los condados del país -donde viven un 39% de mujeres- no tienen una. En Alabama quedan tres, lo mismo que en Arkansas o Idaho; en Utah solo hay dos y en seis estados -Misuri, Misisipi, Dakota del Norte y del Sur, Kentucky y Virginia Occidental- queda solo una, con la amenaza del cierre en ciernes.
División social
Además, por lo menos 61 proyectos de ley contra el aborto han sido presentados durante este año en todo el país. Incluso en estados considerados un refugio seguro para poder interrumpir el embarazo, como Nueva York e Illinois, hubo legisladores que presentaron proyectos abolicionistas, aunque sin éxito.
Y es que al igual que los estados conservadores ponen restricciones al aborto, seis estados con mayorías demócratas -Nueva York, Illinois, Vermont, Rhode Island, Nevada y Nuevo México- han aprobado recientemente leyes que buscan precisamente garantizar este derecho.
Con Trump al frente de la Administración, se ha producido un hecho largamente esperado por buena parte de las bases republicanas, la llegada al Tribunal Supremo de jueces claramente conservadores como Neil Gorsuch y sobretodo Brett Kavanaugh. Porque el objetivo de todo este frenesí legislativo antiabortista es llegar precisamente hasta el Tribunal Supremo y que éste anule o derogue la vigencia de Roe vs Wade.
No obstante un movimiento de estas características, que no se puede descartar que se acabe produciendo, agravaría la ya profunda división cultural y política en el país a un año de las elecciones y justo cuando la victoria demócrata en las elecciones el pasado noviembre estuvo originada por la gran movilización del voto femenino contra los republicanos.
